Lo que está cometiendo la empresa brasileña que construye el llamado Corredor Duarte con el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte no tiene otro calificativo que el de un abuso.
Estos foráneos han apropiado de la porción que comprende la esquina de la Máximo Gómez con 27 de Febrero y han construido una serie de facilidades, que nadie ha explicado al país con qué anuencia.
Una cosa es que quien contrata (en este caso el Gobierno), ceda algún espacio a la compañía contratada para instalar algún equipo pesado o alguna instalación pequeña y otra que se apropie o se coja un amplio espacio y construya cuanto le venga en ganas.
Desde la escalera del paso peatonal pudimos observar unas diez instalaciones que uno se imagina que servirán de oficinas, hoteles o alojamiento, almacenes de acopio, parqueos para unos 30 vehículos y una cancha de fútbol, todo privado.
Nadie sabe lo que hay ahí, porque está cerrado de manera hermética a la vista del público. Y todo eso en el pulmón de la Capital. El Gobierno y el Ministerio de Deportes se han hecho de la vista gorda ante tal atropello al COJPD, por cuando, son co-responsables de esta barbaridad.
Por cosas como estas es que nadie de fuera nos respeta como país, porque al extranjero le sueltan todo. El Comité Olímpico tiene que convocar sus fuerzas vivas y exigir una explicación de tan mayúsculo abuso.
