Santo Domingo.-Los abogados de las víctimas de los supuestos actos de sicariato del regidor de Pedro Brand y de la corrupción del sistema de justicia dominicano, denunciaron hoy que la presentación precipitada de la acusación contra Awilda Reyes Beltré y Francisco Arias Valera, constituye una trama para frustar ese proceso.
Las víctimas, querellantes y actores civiles, por intermedio de sus abogados constituidos y apoderados especiales David Ruiz Jiménez, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, Manuel Soto Lara y Cirilo Quiñones entregaron una nota de prensa en representación de las víctimas.
Conforme al criterio de las víctimas, la acusación presentada “al vapor” sin haberse hecho las diligencias procesales de rigor, fue con el propósito deliberado de cerrar la fase de investigación de ese proceso para dejar fuera del mismo a Radhamés Jiménez Peña, exprocurador general de la República, a Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y a un hijo de éste, así como para favorecer a otros de los principales responsables de sobornar y dar órdenes de prevaricación a los jueces.
Dijeron no explicarse por qué, pese a ellos haberse querellado en contra de Radhamés Jiménez Peña, el ministerio público no lo investigó ni presentó acusación en su contra.
También dijeron no explicarse el por qué no fueron presentados como testigos en la acusación los miembros de Participación Ciudadana, quienes hicieron «importantes denuncias públicas sobre el caso».
Las víctimas consideran como sospechoso que en la investigación de ese proceso no se hayan hecho los análisis de inteligencia electrónica para establecer los vínculos de los imputados con los demás miembros de esa estructura jurídico-criminal, que como dijera el juez especial de la instrucción, Magistrado Ramón Horario González, “…ha minado las bases mismas del sistema de justicia…”
Expresaron que varios choferes organizados en entidades afiliadas a FENATRANO fueron ejecutados entre finales de diciembre de 2014 y mediado enero del 2015, por una banda de sicarios al servicio de Arsenio Quevedo y que dirigía Erinson de los Santo Solís, ambos altos directivos de UNATRAFIN.
«De los Santos Solís fue favorecido con una sentencia por una jueza que admitió haber recibido dinero y órdenes superiores», afirman.
Manifestaron que ese proceso, por el contrario debió declararse complejo, como ocurre en los casos de delincuencia organizada, para ampliar las investigaciones y tener tiempo de entrevistar a los jueces que han denunciado haber sido víctimas de ese cartel y aportarlos como testigos al proceso.
Familiares de choferes asesinados y víctimas de sentencias por prevaricación, concusión y cohecho por parte de miembros del sistema de justicia en contubernio con particulares, expresaron, a través de sus abogados, que es la primera vez en la historia del sistema de justicia que en un caso de delincuencia organizada como éste, la acusación es presentada en tiempo record, de menos un mes.
