Miguel Surún Hernández
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana depositó este miércoles en la Cámara de Diputados un Proyecto de Ley que modifica la Ley 277-04 de Defensa Pública que prohíbe que la Oficina Nacional de Defensa Pública siga operando en competencia desleal en contra de los abogados y por el cese de la explotación laboral en contra de los defensores públicos.
Miguel Surun Hernández, presidente del Colegio, informó que entre las modificaciones más importante se encuentra la prohibición de que los defensores públicos puedan ofertar sus servicios en los destacamentos, en las prisiones preventivas y los centros de detención en perjuicio de los abogados litigantes a nivel nacional.
También establece que los defensores públicos solo pueden defender a personas de escasos recursos económicos, disponiendo que aquellas personas que se demuestre que tienen dinero suficiente para pagar sus abogados se les asignen un jurista privado.
El presidente del gremio denunció que la actual distorsión ha provocado que más del 85 por ciento de los procesos sean manejados a través de la Oficina Nacional de Defensa Pública, lo que debe ser corregido de manera inmediata.
“Ya es hora de que se tomen medidas drásticas para corregir esta situación que permite la competencia desleal por parte de dicha oficina, aprovechándose de las ventajas, relaciones y privilegios que le otorga el sistema de justicia”, expresó Surun Hernández.
Proyecto establece el cese de explotación laboral
El Colegio de Abogados destacó que el Proyecto de Ley que modifica la Ley 277-04 de Defensa Pública establece el cese de la explotación laboral en contra los defensores públicos algunos de los cuales se les asigna hasta 700 casos simultáneamente y laboran en condiciones deplorables.
El Proyecto de Ley plantea un aumento salarial de un 100 por ciento para los defensores públicos e indica ningún defensor público puede manejar más de 70 casos a la vez.
“Resulta preocupante y abusivo que se les asigne tantos casos a un mismo defensor público obligándolo a ponchar tarjetas”, opinó el gremialista.
También deploramos los niveles salariales ya que a los defensores públicos se les aumentó un 5 % de sueldo a pesar de que la Oficina Nacional de Defensa Pública recibió un incremento de un 25 por ciento en su presupuesto y maneja más de 530 millones de pesos al año.
El Proyecto de Ley busca que se detenga el clima de abuso y de explotación laboral de que están siendo sujeto los defensores públicos, garantizando un sistema de garantías laborales que eviten los abusos por parte de la Dirección General de la Oficina Nacional de la Defensa Publica.
