Abogados de imputados del caso Lobo inician defensa ante imputaciones del Ministerio Público

SANTO DOMINGO.- Los abogados de los militares y civiles que integran la presunta estructura criminal del caso Lobo iniciaron la presentación de sus alegatos de defensa frente a las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.

A los encartados se les acusa de recibir sobornos y manipular licitaciones en diversas instituciones estatales para obtener contratos de servicios de seguridad.

Este lunes pasadas las 8:00 de la noche, las defensas de los implicados en la red del caso Lobo a refutaron, ante el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, las imputaciones presentadas por el órgano acusador, durante la audiencia de conocimiento de la medida de coerción.

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En dicha audiencia, el Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva y la declaración de complejidad del proceso.

Tras la presentación de los alegatos por parte de las defensas, el Ministerio Público procederá con la réplica. Posteriormente, corresponderá a los abogados responder mediante una contrarréplica.

Una vez finalizada esta fase, el juez Rigoberto Sena podría reservarse el fallo para una fecha posterior, a fin de ponderar si acoge las peticiones del Ministerio Público o las de las defensas de los imputados.

Los acusados en el caso Lobo son: el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía Nacional, Ramón Quezada Ortiz; y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

Para ejecutar los presuntos actos de corrupción, la estructura del caso Lobo utilizó empresas como: Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), Safeco Corredores y Consultores de Seguros SRL, Magesty Waste & Recycling Company SA y Magesty Recycling SRL.

El Ministerio Público, representado por el director de Persecución, Wilson Camacho, y la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, expuso ante el tribunal cómo los imputados habrían cometido múltiples irregularidades para desviar fondos públicos en beneficio propio.

Según el Ministerio Público, cuentan con 336 elementos de prueba que sustentan los presuntos actos de corrupción en instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (SENASA), y las empresas distribuidoras de electricidad Edenorte, EdeEste y Edesur.