Especialista en derecho penal Francisco Álvarez, José Monegro, director de EL DÍA, junto a las abogadas Laura Acosta y María del Pilar Zuleta. Manolito Jiménez
Santo Domingo.-El Código Penal, tal como está planteado y desde el punto de vista práctico, ocasionaría más problemas que los que resolvería.
Esta es la consideración de los abogados Laura Acosta, Francisco Álvarez Martínez y María del Pilar Zuleta, al participar en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio.
Y es que aunque tiene luces en la integración de nuevos tipos penales en aspectos mencionados por Álvarez como violación a la llamada cuando la persona es detenida, el robo de identidad, la estafa piramidal, violación de grabar el arresto y otras, son más las sombras que lo empañan.
“Entonces estamos mezclando mansos con cimarrones: buenos textos legales y buenas infracciones que deben estar contenidas en el código, nuevas y modernas, con procedimientos y parámetros del jurásico (obsoletas)”, enfatizó Acosta.
Pues con algunos de los artículos se podría, incluso, afectar la cotidianidad de los ciudadanos por situaciones que por simples que parezcan pudieran llevar a prisión, por ejemplo, por incapacidad laboral, en la que por accidente se podría penalizar una industria en lugar de sancionarla como ya lo establece el Código de Trabajo.
Para Acosta “el código está redactado de tal manera que va a provocar serios problemas procesales prácticos”, esto así porque esta normativa empezó a discutirse hace 20 años y ya hay sanciones penales establecidas que chocan.
En esto coincidió Zuleta al calificar como “altamente reprochable” que se hayan configurado como delitos algunos aspectos ya previstos con sanciones en el Código Civil y otras leyes especiales, pero que no necesitaban llevarse a la categoría de delitos, lo que entiende tiene consecuencias para toda la sociedad.
Sancionar todo
Álvarez, quien es especialista en derecho penal, manifestó que en el código se está tipificado cada comportamiento del ser humano en base a decisiones imprecisas y cargadas de subjetividad.
Así puntualizó que hay artículos que confieren una responsabilidad grave a los funcionarios, médicos y contadores, como es la obligación de denunciar infracciones graves y muy graves de las que tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones, lo que podría ser sancionado con dos a tres años de prisión menor.
Acosta comentó que están cansados de hablar con los legisladores y que las leyes se sigan violando, pero aseguró que con los años estos se van a arrepentir cuando tengan que llamar a un abogado por ser imputados por uno de estos “tollos”.
Problema terminología
Hay un problema de terminología, lo cual es sumamente importante en el derecho, ya que permite una buena jurisprudencia, es decir, sentencias y resoluciones.
En ese sentido, Acosta explicó que se quitó la clasificación tripartita de las infracciones que son crímenes, delitos y contravenciones, utilizada en otros países.
“Ahora son infracciones graves, muy graves o leves, y las características de cada una de ellas es que hagan daño acentuado, profundo o reducido a la persona. ¿Cómo vamos a clasificar las infracciones por el daño? Esa es una clasificación que se hace en derecho administrativo y la han insertado en el Código Penal”, criticó.
Afán de aprobar
Álvarez consideró que lo que se busca con la premura es que sea una responsabilidad compartida y no sólo del partido que tendrá la mayoría en la próxima legislación.
Al alegar que la comunidad jurídica no ha sido tímida en este tema, Zuleta indicó que levantan la bandera para decir que este código tiene varios textos que son inconstitucionales, que vulnera condiciones establecidas por la Constitución, incluso, que desconoce compromisos y tratados internacionales.
Sostuvo que los legisladores informaron con premura las vistas públicas y que ningún jurista que se respete iba a elaborar un documento sin el rigor y la fundamentación debida.
Los juristas señalaron que el aborto ha sido muy debatido, pero que no es lo único que tiene el código.
Entre los avances, Zuleta destacó la penalización del homicidio agravado, feminicidio conexo que reconoce el efecto de la violencia, así como los adultos que tengan relaciones con menores de edad.