Namphi Rodríguez dijo que ahora cualquier legislación sobre la materia electoral y de partidos políticos debe cumplir con el “test constitucional” del artículo 216 de la Carta Sustantiva.
SANTO DOMINGO.- El abogado Namphi Rodríguez, presidente de la Fundación y Derecho, instó a los partidos políticos, a las organizaciones de la sociedad civil y a las iglesias a llegar a “un consenso penal” que dé paso a un “modelo legislativo pactado” sobre el aborto en República Dominicana.
Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional, dijo que el debate sobre la interrupción del embarazo no puede perder de vista que la Constitución protege el derecho a la vida desde la concepción, pero también los derechos a la salud, a la dignidad y a la propia vida de las mujeres.
“En el caso dominicano, lo más conveniente sería llegar a un consenso penal para garantizar una legislación que proteja los derechos del nasciturus (el que aún no ha nacido) y la vida y la dignidad de las mujeres en situaciones de riesgos de alud, violadas o que lleven en sus vientres criaturas inviables”, expresó al ser entrevistado por los periodistas Nelson Marrero y Germán Marte en el programa “A la Franca”, que se transmite por la 95.7 FM.
En ese tenor, formuló un llamamiento al presidente Danilo Medina para que asuma el liderazgo del debate y reúna los distintos sectores, a fin de arribar a un acuerdo que permita una salida razonable al tema y viabilice la pronta aprobación del Código Penal.
El jurista sostuvo que el tema del aborto mantiene “entrapada” el nuevo Código Penal en el Congreso, mientras la delincuencia callejera causa estragos en la sociedad dominicana.
Recordó que el nuevo Código Penal da respuesta a una serie de delitos cuya tipificación o sanción son muy leves en la actualidad, como el sicariato, el proxenetismo y las violaciones contra la intimidad y la privacidad.
“Es urgente aprobar el nuevo Código, esto no espera un día más, y para ello necesitamos llegar a un acuerdo entre las fuerzas políticas y sociales para destrabar el aborto y dar respuestas a los problemas sociales”, agregó.
Rodríguez observó que quienes sostienen la tesis de que la Constitución cierra la posibilidad de la interrupción del embarazo por causas terapéuticas no toman en consideración que no existen prerrogativas absolutas y que la interpretación de la Carta Sustantiva se hace en una lógica de ponderación de derechos y de bienes jurídicos protegidos en contradicción.
Señaló que al momento de aprobar la ley los congresistas deben tener a la vista el derecho internacional de los derechos humanos y los estándares de protección de organización como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“Se trata de compatibilizar nuestro ordenamiento jurídico con los estándares pretectorios de los tratados sobre derechos humanos en un sistema dual de control de convencionalidad y constitucionalidad”, concluyó.
