SANTO DOMINGO.– El abogado Julio Cury consideró hoy que en un Estado social y democrático de Derecho, todos los poderes públicos son limitados y controlados, por lo que los jueces no pueden considerar como un “atentado sistemático a la independencia judicial” las diligencias que practica la Inspectoría del Poder Judicial para determinar la ocurrencia de faltas disciplinariamente punibles.
“La verdad es que menudean fallos voluntariosos, que no responden a parámetros de racionalidad, así como también jueces deshonestos que fallan con parcialidad, y si no existiese control, o si fuese muy limitado, las arbitrariedades se contaran por montones”, señaló. Dijo que tanto la Inspectoría como el Consejo del Poder Judicial, en el ejercicio de sus respectivas funciones, han evitado que los usuarios del sistema queden a merced del capricho de los jueces.
“Por supuesto que no generalizo, pero sería ingenuo negar que hay jueces que incurren en desviaciones gravísimas, dolosas e insubsanables a través del sistema de recursos, y la sede disciplinaria opera como censura no del resultado de la actividad del juez, sino de su comportamiento en términos de empeño intelectual y moral, de sometimiento a la función que debe ser desempeñada con plena observancia de los deberes impuestos en la Ley de Carrera Judicial y el Código de Comportamiento Ético del Poder Judicial”, agregó el conocido jurista.
Manifestó que el balance de la Inspectoría y Consejo del Poder Judicial dista aún de lo deseable, pero reconoció que al menos han logrado que no pocos jueces hayan sido separados del sistema y que otros “redoblen el cuidado de no fallar con torpeza inexcusable o superficialidad macroscópica”.
Sostuvo que entre junio del 2016 y octubre de este año, Leónidas Radhamés Peña, Inspector del Poder Judicial, ha abierto 499 investigaciones, y que actualmente hay 18 jueces a juicio disciplinario, habiéndoseles permitido a todos los afectados el derecho a realizar alegaciones, proponer pruebas de descargo y defenderse en la fase investigativa.
Cury manifestó que la grave desviación que supone una decisión irracional o dolosa puede ser corregida si es recurrida, pero dijo que ningún recurso suprime ni sana la falta cometida por el juez, por lo que entiende que tanto la Inspectoría como el Consejo del Poder Judicial deben ser respaldados, salvo que no les respeten a los jueces sus garantías procesales.