Santo Domingo. – El abogado penalista Miguel Valerio, representante legal de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, advirtió este miércoles que no aceptarán una conciliación en el proceso judicial contra Ángel Martínez e Ingrid Jorge (La Torita), al considerar que el perdón no es suficiente en este caso.
Valerio afirmó que el caso continúa en fase de investigación y que ya se dictó una medida de coerción. Agregó que el Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para presentar la acusación formal.
Durante su participación en el programa Matutino Su Mundo, el jurista aclaró que si se contempla una salida alterna al proceso, esta tendría que realizarse bajo la figura de un procedimiento penal abreviado que conlleve una sanción efectiva. Rechazó la posibilidad de una simple disculpa, enfatizando que no es aceptable que una persona sea ofendida constantemente sin consecuencias legales.
Explicó además que este tipo de casos están clasificados como de acción pública a instancia privada, lo cual permite retirar la querella hasta antes del juicio de fondo. Sin embargo, insistió en que, aunque legalmente es posible, no se limitarán a aceptar un perdón como resolución.
Valerio también defendió el trabajo que realiza Raful desde su cargo, señalando que ha asumido una posición incómoda al intentar imponer orden en medio del caos, en especial frente a problemáticas como el ruido excesivo.
“Tú no puedes agarrar y ofender a diario a una persona y pensar que esa persona se va a quedar así”, apuntó.
Al reflexionar sobre la evolución del sistema judicial en el país, Valerio recordó que anteriormente se procesaban casi todos los delitos bajo cinco figuras penales básicas. A su juicio, hoy el derecho penal ha evolucionado, pero los delincuentes siguen buscando vacíos legales para evadir la ley.
Sobre el papel de los medios de comunicación, Valerio marcó una diferencia entre periodistas regulados y creadores de contenido digital, como los youtubers. Indicó que, mientras los primeros están sujetos a normativas que les obligan a rectificar o aclarar informaciones falsas, los segundos no se rigen por un marco regulatorio similar, lo que crea un vacío legal preocupante.
Advirtió que no se puede permitir que la libertad de expresión cruce la línea hacia el libertinaje. “. Antes a un periodista se le exigía aclarar o rectificarse; hoy cualquiera agarra un micrófono y una cámara, pero no se le puede dar a la libertad el espacio del libertinaje”, expresó.
El abogado reiteró que el caso no terminará con una disculpa, ya que lo consideran un asunto de repetidas ofensas que requieren una respuesta legal proporcional. Señaló que, aunque el texto de una retractación puede ser negociado, eso no sustituye el proceso judicial en curso.
Nuevo Código Penal
Valerio también expresó su oposición a la despenalización de la difamación. Consideró que este tipo de delitos debe mantenerse penalizado, con sanciones que vayan desde multas en la primera infracción hasta prisión en casos reiterados.
Se refirió además al nuevo Código Penal, indicando que contempla un período de vacatio legis de un año para facilitar su implementación. Afirmó que la figura del ultraje debe limitarse a amenazas concretas, especialmente si están dirigidas a funcionarios públicos. La crítica, dijo, debe ser aceptada, pero no las amenazas disfrazadas de opinión.
En cuanto al artículo 10 del nuevo Código Penal, que regula ultrajes y difamación, Valerio opinó que no superaría el filtro constitucional en su forma actual, ya que no contempla el contexto ni los medios utilizados. Insistió en que la interpretación de la norma debe ser flexible y contextual.
El abogado señaló que el caso de Faride Raful ilustra la necesidad de equilibrar la libertad de expresión con la responsabilidad, y resaltó su trayectoria política, que, según dijo, ha generado tanto apoyo como oposición.
¿Qué hizo “La Torita”?
La respuesta del jurista Miguel Valerio surge luego de que la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, admitiera públicamente que no son reales los supuestos videos que afirmaba tener contra la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
“Soy incapaz de calumniar a cualquier persona. Cuando me equivoco, como hice recientemente, debo resarcirlo”, declaró Jorge en un video publicado en sus redes sociales.
Actualmente, “La Torita” cumple medida de coerción consistente en impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades, mientras avanza el proceso judicial en su contra. La comunicadora está siendo acusada de difamación en redes sociales contra la ministra Raful, la también comunicadora Milagros Germán y el procurador general adjunto Iván Féliz.
Caso contra Ángel Martínez
En cuanto a Ángel Martínez, quien se autodenomina “detective”, también ha sido acusado de difamación contra la funcionaria. Durante el proceso ha recurrido a huelgas de hambre y comportamientos polémicos en los tribunales, alegando que actúa en defensa de su inocencia.
Sin embargo, la ministra Faride Raful ha sido enfática al señalar que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.
“He instruido a mis abogados a iniciar acciones legales contra todos los que participen en esta infamia. No es solo un acto de dignidad personal, es también un deber público, para que nadie más tenga que callar por miedo a una mentira”, puntualizó.
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Katherine Espino
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en...
