Santo Domingo.- El abogado Juan Antonio Capellán, representante legal de nueve empresarios, denunció este lunes presuntas irregularidades en procesos de licitación y adjudicación de cocinas destinadas a suplir el desayuno y el almuerzo escolar a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE).
Durante una visita a la institución, el jurista aseguró que algunas de las cocinas que resultaron adjudicatarias de contratos millonarios no existirían físicamente, pese a haber sido seleccionadas para prestar servicios de alimentación escolar.
Capellán afirmó que cuenta con documentos y expedientes de las licitaciones que, según explicó, permitirían sustentar sus cuestionamientos.

Señala adjudicaciones de hasta RD$44 millones
Como ejemplo de los casos que cuestiona, el abogado señaló una adjudicación de aproximadamente RD$44 millones a una cocina cuya existencia, según denunció, no pudo ser constatada.
“¿Dónde está esa cocina que va a suplir a esa escuela?”, cuestionó Capellán al referirse a los contratos señalados.
El representante legal sostuvo que no se trataría de un caso aislado y aseguró haber identificado entre 20 y 25 cocinas en condiciones que considera irregulares.
Ante los señalamientos, Capellán solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, intervenir y disponer una investigación sobre los procesos cuestionados.
“Estamos pidiendo que el presidente de la República intervenga en esta situación, que frene esas licitaciones y el desembolso de ese dinero”, manifestó.
El abogado pidió que se verifique físicamente la existencia de las cocinas adjudicatarias y que se revisen los expedientes para determinar cómo fueron evaluadas y seleccionadas las empresas beneficiadas.
También cuestionó los mecanismos utilizados para comprobar que las instalaciones contaban con las condiciones necesarias para cumplir con los contratos de alimentación escolar.
Representa a nueve empresarios
Capellán explicó que acudió al INABIE en representación de nueve empresarios que, según afirmó, cumplían con los requisitos establecidos para participar en los procesos de licitación, pero que no fueron adjudicados.
El abogado también criticó que, según su versión, no fue recibido por el director de la institución durante su visita.
Explicó que las autoridades deben explicar por qué empresas que supuestamente cumplían con las condiciones quedaron fuera de los procesos mientras otras fueron favorecidas con contratos millonarios.
Durante sus declaraciones, el jurista comparó la situación que denuncia en el INABIE con el caso relacionado con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al considerar que el monto económico que estaría involucrado en las adjudicaciones cuestionadas podría ser considerable.
Capellán insistió en que los documentos de las licitaciones deben ser examinados por las autoridades para determinar si hubo violaciones a los procedimientos de contratación pública.