Abogados de Jean Alain vuelven a solicitar la extinción de la acción penal

Los abogados del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, solicitaron nuevamente al Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que declare la extinción de la acción penal, tras presentar nuevos incidentes bajo el argumento de que el proceso judicial lleva cinco años y diez días desde la imposición de la medida de coerción.

La defensa recordó que la medida de coerción fue dictada el 13 de julio de 2021 contra los imputados del caso Medusa, fecha que toma como referencia para contabilizar el tiempo transcurrido en los tribunales.

Por segunda ocasión, la barra de la defensa del exfuncionario pidió al tribunal declarar la extinción de la acción penal y ordenar el cierre definitivo del proceso. Argumenta que el caso está próximo a superar el plazo máximo de cuatro años establecido en el artículo 150 del Código Procesal Penal, debido a retrasos que atribuye exclusivamente al Ministerio Público.

Los juristas informaron que continuarán este lunes 27 de julio, a las 9:00 de la mañana, con la presentación de nuevos incidentes, luego de que las juezas aplazaran la audiencia.

La decisión se produce después de que el tribunal rechazara el recurso de oposición interpuesto por los abogados de los imputados del caso Medusa contra la resolución que desestimó los incidentes y excepciones planteados por las defensas, entre ellos la solicitud de extinción de la acción penal y la nulidad de la acusación.

El Segundo Tribunal Colegiado declaró inadmisible el recurso de oposición presentado contra la decisión emitida el pasado 6 de julio, mediante la cual fueron rechazados los incidentes y excepciones promovidos por la defensa de los acusados.

Tras esa decisión, el tribunal, presidido por la jueza Claribel Nivar e integrado por las magistradas Clara Castillo y Yisel Soto, concedió la palabra a los abogados del exprocurador Jean Alain Rodríguez, quienes iniciaron la presentación de nuevos incidentes con el propósito de que sean acogidos por las juezas.

Defensa presenta estadísticas sobre la extinción de la acción penal

Como parte de sus argumentos, la defensa presentó estadísticas oficiales del Poder Judicial que indican que entre 2024 y 2025 los tribunales dominicanos acogieron 22,645 solicitudes de extinción de la acción penal, mientras que 2,769 fueron rechazadas o declaradas inadmisibles.

A juicio de los abogados, estas cifras demuestran que la extinción constituye una garantía procesal aplicada de manera ordinaria por los tribunales del país y que este proceso debe recibir el mismo tratamiento.

Alegan retrasos atribuibles al Ministerio Público

La defensa sostuvo que la investigación comenzó el 21 de agosto de 2020 y que el 25 de noviembre de ese mismo año se ejecutó un impedimento de salida del país sin orden judicial, actuación que, según afirma, marcó el inicio del plazo legal.

Asimismo, señaló que Jean Alain Rodríguez permaneció privado de libertad durante cuatro años, circunstancia que, conforme al derecho internacional aplicable en la República Dominicana, impide extender el plazo máximo de duración del proceso.

En ese sentido, argumentó que las demoras fueron provocadas por el Ministerio Público y recordó que dos tribunales concluyeron previamente que las dilaciones registradas eran atribuibles a ese órgano y no a la defensa.

Entre los hechos expuestos, la defensa indicó que el Ministerio Público desarrolló la investigación durante casi dos años, solicitó una prórroga de cuatro meses y posteriormente fue intimado por el tribunal para concluirla debido al retraso.

También sostuvo que el órgano acusador depositó un disco duro defectuoso que contenía las supuestas 3,000 pruebas del caso, lo que obligó al tribunal a ordenar en tres ocasiones su corrección tras comprobar que los archivos no eran accesibles. Según la defensa, esta situación generó un retraso superior a un año.

Asimismo, afirmó que el proceso destinó alrededor de seis meses a la lectura obligatoria de una acusación de más de 12,000 páginas.

De igual forma, aseguró que el Ministerio Público dejó sin responder más de 50 solicitudes de documentos y retrasó la entrega de cientos de pruebas de descargo, pese a decisiones judiciales que ordenaban hacerlo, provocando nuevas dilaciones superiores a seis meses.

La defensa también sostuvo que actuaciones posteriores del órgano acusador incidieron en decisiones relacionadas con jueces que fueron recusados y apartados del proceso, así como en la solicitud de unificación de expedientes que previamente habían sido separados por el propio Ministerio Público, lo que, según afirma, ocasionó retrasos adicionales de más de un año.

Invocan jurisprudencia del Tribunal Constitucional

Como fundamento jurídico adicional, los abogados del exprocurador Carlos Balcácer, Gustavo de los Santos Coll, Nelys Rivas y Albert Delgado recordaron que la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional ha reiterado que el plazo razonable en materia penal corresponde al límite máximo de cuatro años previsto por la ley.

Explicaron que la nueva Ley 97-25 restringe las circunstancias excepcionales que permiten extender ese plazo únicamente a casos de fuga, rebeldía o dilaciones declaradas mediante resolución motivada al momento de producirse, supuestos que, según sostienen, no se presentan en este proceso.

"Hoy el tribunal no juzga únicamente a Jean Alain Rodríguez. Hoy también decide si en la República Dominicana las garantías legales conservan plena vigencia cuando es el propio Estado quien incumple los límites que la ley le impone. También decide si la ley será aplicada con el mismo criterio con el que durante los últimos doce años los tribunales dominicanos han resuelto más de 22,000 solicitudes de extinción", expresó la defensa.

Fecha de apoderamiento del tribunal y estado del juicio

Aunque el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue apoderado del expediente el 4 de marzo de 2025, su presidenta, la jueza Claribel Nivar, fijó para el 1 de mayo de 2025 el inicio del juicio de fondo contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y los demás imputados del caso Medusa.

Sin embargo, a la fecha, el Ministerio Público aún no ha iniciado la lectura de la acusación, pese al tiempo transcurrido desde el inicio formal del juicio.