Santo Domingo.- Luis Abinader declaró hoy que el país no debe embarcarse en ningún proceso de activismo político electoral sin la garantía y el compromiso de actualizar las leyes que rigen la democracia electoral y el sistema de partidos, para evitar que se repitan los traumas que han afectado la democracia partidaria y las groseras manipulaciones registradas en los pasados comicios nacionales.
Consideró una locura que un partido o un sector de la vida política nacional se embarque en la aventura de promover candidaturas a cualquier nivel mientras exista una confabulación de irrespeto a la ley, de abusos de poder y de trampas como el que favoreció la reelección del presidente Danilo Medina, y la aplastante mayoría congresual que se impuso en las elecciones de mayo.
Expuso que al día de hoy el Partido Revolucionario Moderno (PRM) está luchando contra el despojo de 4 senadurías, incluyendo las de las provincias María Trinidad Sánchez, Valverde y Duarte, en las que la Junta Central Electoral (JCE) se ha negado a contar votos de colegios electorales cuyos resultados serían favorables a la oposición.
De manera específica Abinader dijo que un escrutinio apegado a la verdad y la ley daría de 4 a 5 senadores al PRM, unos 15 diputados y de 4 a 5 alcaldías y un buen número de direcciones de Juntas Municipales más, incluyendo 4 diputaciones de las que la JCE pretende despojar a ese partido y aliados, en violación a la Constitución de la República y la representación de la segunda mayoría establecido en todo sistema democrático.
El líder opositor responsabilizó al presidente Danilo Medina y a la JCE de haber desviado la expresión de la voluntad popular usando ilegalmente los recursos del Estado de manera masiva.
Señaló que es de conocimiento público que la campaña reeleccionista del presidente Medina asignó provincias a determinadas dependencias gubernamentales.
Y en ese sentido reveló que en la reunión de su comisión ejecutiva del día de ayer el PRM decidió apelar a la Ley de Información Pública para que los abogados del partido exijan a los incumbentes de las dependencias oficiales que tuvieron asignadas responsabilidades en la campaña reeleccionista, entregar las informaciones relativas a su desempeño financieros en los meses de enero a junio.
Abinader precisó que la lucha que él desarrolla no es por interés personal, lo mismo que el PRM y los partidos de oposición sino en favor de desterrar del sistema político nacional los vicios, las trampas, violaciones y el desorden que se produjeron en las pasadas elecciones.
Favoreció en ese sentido que los candidatos y candidatas y los partidos de oposición continúen, junto a la sociedad, gestionando los cambios y reformas electorales, incluyendo las reformas de las leyes y el cambio de los directivos de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral (TSE) para que se garanticen elecciones justas, transparentes y revestidas de legitimidad.
Abinader expuso como una condición indispensable y de primer orden para fortalecer la democracia que la dirección de la JCE y el TSE cuenten con figuras íntegras y probas y recordó en ese sentido la rectitud e imparcialidad con que actuaron César Estrella Sadhalá, Juan Sully Bonnelly y otras personalidades que jugaron roles estelares en la JCE y en otras instancias.
Llamó la atención sobre la intención gobiernista de controlar de manera absolutista todos los poderes públicos, para no tener que consensuar con la oposición y la sociedad sus erráticas políticas públicas, que producto de la campaña reeleccionista desbordaron todos los parámetros de prudencia y racionalidad del gasto público.
Reforma política es urgente
Expresó que por eso afirmó ayer en la reunión del PRM que una reforma política que fortalezca la institucionalidad democrática debe ser previa a cualquier reestructuración económica, pues si gobernantes como el presidente Medina actúan sin ningún control, tanto la economía como los demás ámbitos del país continuarán en el desorden en que vive ahora el país.
Abinader afirmó que una idea del desorden en que está sumido el país lo da el hecho de que el jefe policial admitió en un espacio televisivo que al interior de esa institución existía una mafia que distraía cientos de millones de pesos en el manejo del combustible, y reveló además que no sabía dónde estaban ni que hacían miles de miembros de la institución supuesta a mantener el orden y perseguir el delito.
Preguntado si no estaba dispuesto a entregar el Informe Giulliani al gobierno, un estudio de asesoría sobre el control de la delincuencia que presentó en su campaña presidencial, el político y economista dijo que el documento debe estar en poder del gobierno, ya que fue hecho público, pero expresó que dudas del interés del gobierno de seguir las propuestas y sugerencias de la oposición.
En ese sentido citó que en ocasión de los debates sobre la aprobación del Presupuesto del próximo año, el PRM y su campaña presentaron al gobierno un conjunto de sugerencias para mejorar la calidad del gasto público, y la respuesta del gobierno fue de burla.
