Abinader destaca régimen de consecuencias y lucha contra el abuso de poder y la corrupción en la administración pública

Santo Domingo. El presidente Luis Abinader afirmó este lunes que, durante sus casi cinco años de gestión, el gobierno ha impulsado un régimen de consecuencias sin precedentes para enfrentar las faltas administrativas, el abuso de poder y otras conductas antiéticas dentro del Estado.

En un discurso centrado en la labor de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), el mandatario aseguró que se han enviado 287 expedientes al Ministerio de Administración Pública (MAP) por situaciones como acoso laboral, maltrato, nepotismo y duplicidad de funciones.

“Estas no son solo faltas ligadas a la corrupción, sino también a violaciones a los principios de ética y buen gobierno”, expresó Abinader. Añadió que los expedientes no se limitan a instituciones específicas, sino que abarcan casos que “llaman la atención por su gravedad y reiteración”, independientemente del rango o afiliación política de los implicados.

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El presidente detalló además que 49 casos fueron remitidos al Ministerio Público, con un tiempo promedio de respuesta de 55 días, muy por debajo del plazo de 90 días que establece el manual correspondiente. Subrayó que muchas de las denuncias investigadas surgieron de ciudadanos que alertaron sobre actos indebidos como solicitud de sobornos o prácticas irregulares, y que todas las denuncias recibidas son investigadas, aunque no siempre resulten en sanciones por falta de méritos o pruebas.

Abinader insistió en la importancia de una ciudadanía vigilante y participativa: “No importa quién sea ni el nivel político que tenga. Si comete un acto ilegal, tendrá que responder ante el Ministerio Público. Lo hemos probado”, aseguró.

La directora de la DIGEIG, Milagro Ortiz Bosch informó que al iniciar la gestión encontraron 1,415 denuncias sin procesar, muchas de las cuales fueron archivadas por declararse “incompetentes”. Esta situación ha sido revertida, alcanzando actualmente un 96% de declaración de competencia, lo que permite dar seguimiento efectivo a las denuncias y orientar correctamente a los ciudadanos cuando la institución no es la competente para atender sus casos.

“Hoy podemos decir que somos el primer gobierno que ha instaurado un verdadero régimen de consecuencias a todos los niveles de la administración pública”, concluyó el presidente.