Santo Domingo.- Como aberrante y violatorio de la Constitución calificó la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), la acción de los agentes de la Policía de Higüey en la provincia La Altagracia contra la fiscalizadora de La Romana, Carol Daristel Morla Rodríguez por conducir un vehículo sin placa.

Francisco Rodríguez Camilo, coordinador general de la asociación recordó que la autoridad del Ministerio Público está por encima de los policías y estos deben respetar.

Dijo además, «bajo ningún concepto vamos a permitir que la autoridad policial vulnere los derechos de la autoridad del fiscal que está por encima de la de él en tanto la investigación que deben llevarse a cabo contra el crimen organizado, contra el crimen común, el MP tiene que ser respetado, y en la persona de la magistrada Carol Daristel Morla se ha violentado a todo el Ministerio Público».

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El contexto

En un video, grabado por los miembros de la institución del orden, se muestra como los policías abordan a Morla, por lo que esta escapa y se dirige a un destacamento, siendo perseguida por la patrulla hasta el mencionado lugar.

Al llegar al destacamento policial, Morla  parqueó el vehículo en la entrada del lugar, generándose un intercambio de palabras entre los agentes  y Morla, quien luego camina  hacia el interior del cuartel, donde tras unos minutos de discusión con los agentes, contactó vía telefónica a la magistrada titular de la provincia La Altagracia, Mercedes Santana.

Por el hecho la procuradora Miriam Germán Brito dispuso una investigación del incidente en el que se vieron envuelto una fiscalizadora de Higüey y una patrulla de la Policía Nacional, la noche del pasado sábado.

De su lado, el director general de la Policía Nacional, mayor general Eduardo Alberto Then, instruyó hoy a los organismos de control interno, especialmente la Inspectoría General y Asuntos Internos, a que realicen una investigación en torno al incidente entre una fiscalizadora y agentes que integraban una patrulla policial, en un hecho secuencial registrado en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia.

La institución precisó que los comisionados tienen la responsabilidad de investigar las reales circunstancias en que se originó el incidente y hacer las recomendaciones correspondientes, conforme lo establecido en la Constitución de la República, la Ley institucional 590-16 y la norma procesal penal.