Santo Domingo.- El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez Durán, afirmó hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional, que fija los criterios de nacionalidad en el país, es legítima ya que es una decisión soberana del Estado Dominicano.

El legislador entiende que la diplomacia haitiana “lejos de estimular sanciones contra la República Dominicana debe respetar los términos del Tratado Migratorio llamado Modus Operan di, cuyos términos violados inmisericordemente por el Estado haitiano por su indolente indiferencia en la documentación de sus ciudadanos, tanto dentro como fuera de Haití”.

«Lo que se pretende es que en violación al Tratado la República Dominicana pague las secuelas de su irresponsabilidad, que se extiende también a la total permisividad a favor del tráfico de personas y a los riesgos de sus ciudadanos en su comprensivo afán de escapar de un Estado que no ha sido capaz de garantizarles siquiera su identidad, mucho menos su subsistencia», agregó.

Para el legislador, sectores de interés alojados en ONGs que usufructúan el drama haitiano gracias a financiamiento internacional, encabezan un movimiento sedicioso que lejos de discrepar de las disposiciones de una sentencia, pretenden colocar las instituciones del país en una crisis constitucional de peligrosas secuelas sociales y políticas, queriendo herir de este modo la democracia.

«Respetando el derecho de un reducido grupo de interés a disentir de la sentencia, el pueblo dominicano debe expresarse y consolidarse en una monolítica unidad, no sólo en torno al respaldo absoluto al Tribunal Constitucional que ha actuado conforme a nuestro orden legal, sino para acompañar a todo el Estado en la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros», expresó.

El diputados explicó que este es el modo que ha dispuesto el legislador en el Artículo. 151 de la Ley 285-04 para atender, en el marco de nuestras leyes, el drama humano que todos reconocemos y con el que todos estamos comprometidos en resolver, en lo que concierne a extranjeros asentados en el registro civil.

El legislador por Santiago enfatizó que la República Dominicana no puede ceder su derecho a establecer una política migratoria y sus criterios sobre la nacionalidad y no lo haremos.

«Somos un pueblo hospitalario y una nación abierta; en nuestra conformación se mezclan diversidad de perfiles humanos en un solo y arraigado sentimiento: la dominicanidad.

Más, no aceptamos ni permitimos imposiciones foráneas, que cuestionen y vulneren nuestra soberanía», concluyó Martínez.