A diferencia de las aseguradoras privadas, la aseguradora del Estado tiene que cargar con el régimen subsidiado.
Las privadas solo se dedican al negocio, mientras que el Seguro Nacional de Salud (Senasa) tiene que garantizar el servicio a más de 2 millones de dominicanos que no cotizan en la Seguridad Social. Esta es una de las razones por las cuales presenta números rojos.
La otra razón se debe a una serie de resoluciones que benefician el negocio de las aseguradoras privadas, en perjuicio de Senasa.
La ley establece que todos los empleados públicos deben entrar al Senasa, con el propósito de que la aseguradora del Estado cuente con suficientes clientes en el régimen contributivo que le permita apalancar al subsidiado.
Esta disposición nunca se ha cumplido, Todo lo contrario, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), mediante resoluciones, ha bloqueado su cumplimiento. Resoluciones que, aunque fueron emitidas en anteriores gobiernos, tampoco en este se han dejado sin efecto (hay que decir las cosas como son).
Ninguna resolución, ni decreto, puede estar por encima de la ley, y la ley es clara. Si todos los servidores públicos pasan como contribuyentes del Senasa, ayudaría enormemente a reducir o eliminar el déficit. Claro, también quitaría de las garras de las aseguradoras privadas miles de millones.
Los intereses económicos de unos pocos no deben estar por encima del derecho a la salud de un pueblo. Sobre todo cuando esos intereses económicos se sustentan en una violación a la ley.
Si unos tuvieron la complicidad de hacerles el juego a las aseguradoras privadas, otros no han tenido la valentía de enfrentarlas… Y el pueblo pagando las consecuencias.
