Daris Javier Cuevas

Desde que Luis Abinader llegó a la presidencia de la Republica ha mostrado una actitud afanosa por impulsar una reforma tributaria con el argumento de que se hace imperativo neutralizar el incremento del déficit presupuestario del gobierno por lo insostenible que se torna financiar el presupuesto público con deuda. No obstante, el gobierno no ha detenido el nivel de endeudamiento e intento de filtrar una pequeña reforma tributaria en el proyecto de Presupuesto para el 2021, descartada por el rechazo masivo de la población.

Por segunda ocasión el gobierno intenta impulsar una reforma tributaria con la justificación de que la misma pueda entrar en vigencia en el proyecto de presupuesto público del 2022. En este nuevo intento de reforma tributaria se pretende filtrar la misma invocando el espíritu del artículo 251 de la Constitución de la Republica que establece convocar al Consejo Económico y Social (CES) para la concertación.

En la reforma tributaria que el gobierno pretende impulsar, lo que se puede observar son enunciados generales y el despliegue característico de un programa de gobierno para un aspirante presidencial. En efecto, señalar que las personas con mayores ingresos deberían hacer aportes mayores, pero no establece quienes, no se es claro sobre la simplificación tributaria, tampoco cuales exenciones tributarias son pasibles de revisión ni mucho menos como proteger de nuevas cargas tributarias a la población más vulnerable.

El interés de los planes de reforma tributaria concebida por el gobierno, en principio parecería aplicar menos impuestos sobre el segmento más vulnerable de la población, sin embargo, en un esquema de un sistema regresivo es un espejismo muy riesgoso y poco transparente. En los términos que el gobierno ha planteado su reforma tributaria las mayores cargas impositivas recaerán sobre los asalariados y los consumidores, ya sea porque se amplie la base imponible o porque se incremente la tasa impositiva.

En realidad, hay múltiples razones poderosas para no creer mucho en las explicaciones con las que se pretende justificar e imponer una reforma tributaria en medio de una crisis económica y sanitaria como la que predomina. Situación que se torna más compleja si se considera la actitud del gobierno de limitar el gasto público, literalmente una paralización de la inversión de capital, cuya finalidad es procurar un ahorro forzado para lograr una reducción del déficit fiscal, lo que el buen juicio adelanta es lo desfavorable que esto representa en el bienestar de la gente.

Es cierto que el propósito fundamental de la política fiscal es crear el ahorro público suficiente, no forzado, para hacer frente al volumen de inversiones concebidas y manipular los instrumentos tributarios, cuyos objetivos finales es un mayor nivel de empleo, control de la demanda agregada, el gasto público y controlar el déficit o un superávit. Sin embargo, para ejecutar una política fiscal efectiva el gobierno puede invocar diferentes tipos, según el momento, es así como en una situación de crisis, el gobierno debe de ser creativo y astuto que permita la ejecución de una combinación de política fiscal expansiva y restrictiva, pero no seleccionar el camino más fácil.

Generalmente, los gobiernos de países de economías emergentes son muy proclives a endeudarse por encima de lo que pueden financiar; razón por la cual, al tener ahogamiento financiero, recurren a incrementar los impuestos. Sin embargo, no ponderan los efectos contiguos que consisten en reducir el nivel de vida de la población y se cae en una situación de impago.

Desde el gobierno se resisten entender que un déficit cero es improbable lograrse sin frenar la economía; además de que en la historia de la economía dominicana nunca ha existido superávit fiscal. De cara al dialogo en el  Consejo Económico y Social se debe ponderar que no se puede imponer una reforma tributaria sobre la base un pacto fiscal ya que este no es un instrumento de política fiscal y lo prudente es ponderar otros elementos, que puedan contribuir al dinamismo economico y a mitigar los efectos negativos en la población mas vulnerables ya que se pueden presentar periodos persistentes de déficit fiscal, entonces, si el gobierno está en la necesidad de financiarse con deudas, caería en una encerrona.