Claudio Caamaño Vélez
Recientemente fue emitido un informe sobre la “autopista” del Nordeste, que hace constar el hallazgo de profundas irregularidades, tanto en la firma del contrato como en las posteriores adendas.
Si bien no dice nada que no se haya dicho antes, es importante resaltar que este informe es un documento oficial, solicitado por el presidente de la República, quien lo anunció en su discurso de rendición de cuentas el pasado 27 de febrero. Ya no es solo el clamor social, o un “discurso” de oposición para buscar votos.
Ese informe señala que dicho contrato tiene tantas irregularidades que lo hacen nulo. Como dice la máxima jurídica “fraus omnia corrumpit”: el fraude lo corrompe todo.
Gobiernos anteriores se limitaron a pagar ese vergonzoso “peaje sombra”, mediante el cual ya hemos pagado más de 26 mil millones de pesos. Para justificar esa vagamundería alegaban la “seguridad jurídica”.
La verdadera seguridad jurídica es cumplir y hacer cumplir las leyes. La seguridad jurídica no es para dar garantías a empresas mafiosas e impunidad a corruptos. Todo lo contrario, que sepan que cuando compran privilegios perderán lo más por lo menos.
Si a alguien debe beneficiar la seguridad jurídica es al pueblo que mantiene y sostiene al gobierno, no a corruptos ni corruptores.
Ese peaje sombra debe ser anulado, e incluso, demandar para que seamos indemnizados por todo lo que han cobrado de manera injusta. Y esos empresarios mafiosos y funcionarios corruptos que se prestaron para eso, que reciban las sanciones que ameritan sus actos.
