El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Roberto Rosario, dijo lo correcto cuando empleados de una institución de Estado se ven involucrados en acciones reñidas con la ley.
En el caso de falsificaciones de documentos de identidad que se han producido en juntas municipales planteó el camino de la investigación para establecer el vínculo con narcotraficantes y el crimen organizado como beneficiarios finales; y luego que los responsables serán entregados a la Justicia.
Hace bien una institución como la JCE en actuar rápido en casos como el planteado, porque debe cuidar su credibilidad ante la población, debido a que cuando pierde credibilidad una junta municipal, también esa crisis afecta de manera sensible a todo el conjunto.
Más que una declaración, el presidente de la Junta Central Electoral hizo un compromiso con la sociedad.
Y lo hizo con palabras mayores. Planteó que cualquier persona que estuviera implicada o encubriendo estas acciones será llevada a la Justicia no importa su cargo. Esperemos que así suceda.
