SAN PEDRO DE MACORÍS.- El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación, Francisco Arias, dictó un año de prisión preventiva como medida de coerción contra una mujer acusada del asesinato de su pareja tras enterarse que a la víctima le fue otorgada una visa norteamericana de 10 años, así como a varios implicados en el hecho, ocurrido en el municipio Ramón Santana de esta ciudad.
El magistrado dictó un año de prisión preventiva contra Ángela Álvarez (Lila), Rafael Vásquez Morla (El Mudo) y a Raymundo Salas, así como tres meses de reclusión a Juan Donato Santana Polanco (Mingolo).
También impuso una garantía económica de RD$300 mil, por medio de una compañía aseguradora, contra Lorenzo de la Cruz Mota (Zapatero) y Zacarías de León Gorís.
El juez Francisco Arias impuso las medidas cautelares tras acoger la petición del Ministerio Público, quien presentó diferentes pruebas que los vinculan con la comisión del asesinato.
La coerción de prisión preventiva deberá ser cumplida en los centros de corrección y rehabilitación de Najayo Mujeres, en San Cristóbal, San Pedro de Macorís y la Penitenciaría Nacional de La Victoria.
En una nota de prensa, el Ministerio Público indica que a los imputados se les atribuye la violación de los artículos 265, 266, 295, 296, 297, 298, 302 y 303 del Código Penal Dominicano, que sancionan los delitos relacionados a la asociación de malhechores, el asesinato y la tortura, así como el artículo 1 de la Ley No. 583 sobre Secuestro.
En la solicitud de medidas de coerción, la Fiscalía de San Pedro de Macorís establece que el grupo está implicado en la desaparición de Rivera Boyer a través del secuestro, amordazamiento y asfixia mecánica.
El crimen de Rivera Boyer, de 30 años, se habría producido luego de que Ángela Álvarez, de 40 años, se enterara de que había obtenido un visado norteamericano de 10 años.
El Ministerio Público informó que continúa investigando a profundidad este lamentable hecho, que ha consternado a San Pedro de Macorís y al país, al tiempo que prometió reunir las pruebas que les permitan obtener una sanción acorde a la comisión del crimen.
La Procuraduría Fiscal de San Pedro de Macorís, que dirige Pedro Núñez, estuvo representada durante la audiencia por los fiscales Carmen Mohammed, Claudio Cordero Jiménez y Suleika Mateo.
Se recuerda que el miércoles 21 de febrero del presente año, Rivera Boyer salió a tempranas horas de la mañana a entregar un supuesto pedido de mercancías en la parada de guaguas de San Pedro de Macorís hacia La Romana, y desde entonces no se supo de su paradero hasta días después cuando fue encontrado su cadáver en un cementerio del municipio de Ramón Santana.
