La Junta Central Electoral atraviesa por un amargo momento por decisiones que no son compartidas por los actores políticos y parte de la sociedad civil.
Con el reloj contra el tiempo y todo un cronograma de trabajos urgentes, el tribunal transita por una vía cargada de críticas y cuestionamientos.
Por un lado, viene el caso de la contratación de la empresa Digiworld para la adquisición de los equipos tecnológicos para las primarias abiertas previstas para octubre, ya que se alega que no habría cumplido con los requisitos en las ofertas para ser la favorecida para ese compromiso tan complicado para el montaje de ese proceso interno de los partidos que quieran acogerse dentro de la Ley de Partidos.
Otro asunto caliente que tiene la Junta lo constituye el “arrastre” en seis provincias y su eliminación en otras 26, se dice que contraviniendo la Constitución, de ahí que algunos partidos han tramitado recursos ante el Tribunal Superior Electoral para que esa decisión sea anulada.
Choque de intereses
El “arrastre” para los senadores conviene exclusivamente al Partido de la Liberación Dominicana, que por detentar el poder tendría mayor oportunidad de retener las plazas de Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega y Puerto Plata, en virtud de que la potencialidad de sus candidatos a diputados servirían de plataforma en la sumatoria de los votos. Pero el tema ha venido a agudizar las contradicciones entre los partidos, teniendo a la Junta como el centro de la discordia.
