Las encuestas políticas están a dos por chele. Todo el que quiere demostrar que está ganado en lo que a preferencia electoral se refiere, escoge a una de las setecientas agencias encuestadoras que hay (todas de reconocida solvencia internacional), le paga una elevada suma de dinero y a los pocos días se divulgan los resultados sin rubor alguno a través de los medios de comunicación.
Naturalmente, tales resultados favorecen siempre al cliente que ordenó la encuesta.
Lo peor de todo esto es que, gracias a las leyes que nos rigen leyes confeccionadas por sus propios beneficiarios, los políticos- los costos de la mayoría de las encuestas se pagan con dinero mío y de ustedes, amigos lectores.
No olvidemos que la única partida presupuestaria a la que no se le redujo ni un centavo en la Ley de Gastos Públicos para el 2012, fue la que dispone el reparto de miles de millones de pesos entre los partidos políticos, para que los gasten ¿en la campaña? sin rendir cuentas claras a nadie.
Para esa piñata sí alcanzará el presupuesto del 2012, pero no para la educación, ni para la salud, ni para los ayuntamientos, ni para la universidad ¡Que vivan los políticos! ¡Arriba las encuestas que ellos mismos auspician, aunque ya nadie cree en ellas!
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