Santo Domingo.– Hoy domingo 08 de febrero se cumplen 10 meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de 180 heridas, y que continúa marcada por situaciones legales, ahora en torno al peritaje técnico de la edificación, pieza clave dentro del proceso judicial en curso.
El desplome ocurrió la noche del 8 de abril de 2025, durante una de las tradicionales “Fiestas de los Lunes”, mientras el merenguero Rubby Pérez animaba la celebración. El artista falleció en el lugar, convirtiéndose en una de las víctimas del siniestro que sumió al país en luto.
Disputa por el peritaje y oposición a demolición
En el marco de las investigaciones, los abogados de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca, interpusieron una oposición formal a la demolición de lo que queda del establecimiento, solicitando que no se proceda hasta que concluya el proceso de peritaje oficial.
La instancia fue depositada ante la Procuraduría General de la República (PGR), entidad que dirige las investigaciones del caso, luego de que el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, declarara inadmisible una solicitud de peritaje particular presentada por la defensa.
Mediante esta oposición, los abogados buscan preservar la estructura remanente del edificio, a pesar de que un informe técnico emitido por las autoridades competentes, por disposición de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, recomienda la demolición del resto del inmueble por razones de seguridad.
Proceso judicial en curso
El Ministerio Público presentó en noviembre una acusación formal y un requerimiento de apertura a juicio contra los hermanos Espaillat, a quienes acusa de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, conforme a los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.
De acuerdo con la acusación, los imputados incurrieron en negligencia grave en la operación del establecimiento, pese a tener conocimiento directo de los problemas estructurales del techo, evidenciados mediante reportes internos, fotografías, videos y comunicaciones de empleados.
Las investigaciones señalan que la estructura fue sobrecargada con la instalación de seis sistemas de aire acondicionado de entre 15 y 20 toneladas cada uno, así como tinacos de agua, sin que existieran estudios técnicos que certificaran la capacidad del edificio para soportar ese peso adicional.
El juicio preliminar contra los propietarios de la discoteca estaba previsto para iniciar el 12 de enero, pero la audiencia fue aplazada por el juez Raymundo Mejía para el 16 de marzo luego de acoger un pedimento presentado por los abogados de las víctimas y querellantes, quienes alegaron que no fueron notificados de la acusación.
Actualmente, Antonio y Maribel Espaillat cumplen una medida de coerción consistente en una garantía económica de RD$50 millones, presentación periódica ante el tribunal e impedimento de salida del país.
Mediante un comunicado, ambos expresaron su pesar por el “dolor humano” provocado por el colapso de la discoteca, una tragedia que, según reconocieron, ha impactado de manera irreparable a numerosas familias y ha marcado profundamente sus propias vidas.
Entre las víctimas mortales también se encontraban los expeloteros Octavio Dotel y Tony Blanco, el diseñador Martín Polanco, la ejecutiva bancaria Alexandra Grullón y su esposo Eduardo Guarionex Estrella, así como la gobernadora de Montecristi, Nelsy Cruz, quien fue la primera en alertar al presidente Luis Abinader sobre la ocurrido.
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