El informe también dice que, en la comunidad, el tipo de violencia más reportado fue la sexual con un 92.5%; seguida de la psicológica con un 30.2% y finalmente la física con un 10%.
Santo Domingo.- La oficina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en República Dominicana publicó dos estudios sobre violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito laboral y comunitario, en los cuales se revela que más de 95% de las mujeres víctimas de violencia en el trabajo y/o en espacios públicos no denuncian.
Los informes, realizados en alianza con el Ministerio de Interior y Policía, el Ministerio de la Mujer y la Oficina Nacional de Estadística (ONE), se desprenden principalmente de la Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres (ENESIM 2018) de la ONE, triangulando información especializada cualitativa y cuantitativa de otras fuentes.
Estas publicaciones cuentan con el apoyo de Proyecto Regional Infosegura, del PNUD LAC y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y aportan datos claves sobre la situación de violencia de género existente en República Dominicana y servirán para la toma de decisiones basadas en evidencia. El acto también contó con una intervención de la Primera Dama de la República, Raquel Arbaje.
Entre los principales hallazgos destacan que, en el ámbito laboral, el 97.3% de las mujeres optaron por el silencio y en el ámbito comunitario la cifra alcanzó el 95.5%. Tanto en el trabajo como en el ámbito comunitario, más del 75% las mujeres que reportaron ser víctimas de violencia no lo denunciaron «porque se trata de un hecho sin importancia».
Además, los informes revelan que el 68.8% de las mujeres de 15 años y más ha experimentado algún tipo de violencia a lo largo de toda su vida y más de la mitad (51.9%), la han experimentado en espacios públicos.
Los documentos detallan también que más del 60% de las mujeres que reportaron violencia laboral (69.7%) y comunitaria (64.6%) dicen haber experimentado violencia entre sus padres en sus hogares durante la niñez.
“En ese sentido, se visibiliza una transmisión intergeneracional de la violencia al interior de la familia desde la infancia en la familia de origen, la cual se replica al interior de la familia actual, contra niñas y niños, entre la pareja y entre otros miembros de la familia”, dice el documento.
Además, los análisis indican que una de cada cuatro mujeres que han sido víctimas de violencia comunitaria pide permiso a sus parejas para salir con parientes o amigos y/o salir de compras o a hacer gestiones. Este hallazgo denota la aceptación y normalización de los comportamientos de control de los hombres, según el estudio.
En esa misma línea, más del 45% de las mujeres violentadas en ambos ámbitos (laboral y comunitario) considera que el “marido debe ser el principal responsable de sufragar los gastos de la familia” y más de un tercio piensa que “una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él le ordene”.
En cuanto a la relación de la violencia y el nivel educativo, 39.9% de mujeres víctimas de violencia comunitaria y 36.4% de mujeres víctimas de violencia laboral tienen un nivel educativo secundario o medio, seguidas de las universitarias que son un 29.3% de las víctimas en lo comunitario y un 27.5% en lo laboral.
Al vincular la violencia con los ingresos, se encontró que el 50% de las mujeres que sufren violencia comunitaria están laboralmente activas, seguido de un 39.5% inactivas.
“Al contrario de lo que se suele pensar, las mujeres violentadas no pertenecen al quintil más pobre (16.8%), medido a partir del ingreso per cápita de los hogares donde residen. Son las mujeres del quintil central (23.7%) quienes más padecen violencia, seguidas por las del quintil más alto (20.2%)”, dice el estudio sobre violencia comunitaria.
Los documentos además detallan que el Gran Santo Domingo y la región Norte o Cibao son las macrorregiones con mayores índices de violencia en el ámbito comunitario y laboral.
Sobre los perpetradores y los tipos de violencia
En el ámbito laboral, el documento resalta que el 60.4% de los perpetradores de violencia eran jerárquicamente superiores a las acosadas (patrón o jefe). Además, un 70% de las mujeres violentadas declaró haber sufrido alguna vez violencia sexual, un 62% violencia psicológica y un 6.7% física.
El informe también dice que, en la comunidad, el tipo de violencia más reportado fue la sexual con un 92.5%; seguida de la psicológica con un 30.2% y finalmente la física con un 10%.
En cuanto a los perpetradores de la violencia contra las mujeres en la comunidad, estos son reportados como desconocidos en el 64.7%, seguidos en orden de importancia por personas conocidas, tales como amigos o vecinos, con quienes se suelen dar interacciones sociales de mayor cercanía y no se espera este tipo de agresión.
Se registró que los lugares más comunes de ocurrencia de la violencia en el ámbito comunitario son calles, parques y playas, reportados por la gran mayoría de las mujeres víctimas (84.3%). “Se evidencia que las mujeres no pueden disfrutar con la seguridad que deberían de la vida en la vía pública y en diversos lugares de ocio”, precisó el estudio.
El estudio también resalta que, aunque la mayoría de los perpetradores son desconocidos, aun en los casos conocidos son muy pocas las mujeres que ponen una denuncia. Esto trae como resultado “un subregistro y la impunidad de la violencia comunitaria, que al no ser identificada y sancionada continúa replicándose”, cita el documento.
La violencia en el ámbito social o comunitario, según ENESIM, se define como aquellas acciones de violencia como violación, maltrato, abuso sexual, acoso, entre otros, que se perpetran en la comunidad o lugares públicos (residencial, barrios, calles, cine, playas, plazas comerciales, iglesias, parques, transporte, lugares de diversión, etc.).
Sobre Infosegura
Infosegura es un proyecto regional especializado en la gestión de información para fortalecer la formulación y el seguimiento de políticas públicas basadas en evidencia en materia de seguridad ciudadana, con enfoque de género y derechos humanos en Centroamérica y República Dominicana. El proyecto es ejecutado por PNUD LAC y financiado por USAID.
