6 frenos que han puesto los jueces a la agenda de Trump (y la indignación del vicepresidente JD Vance y Elon Musk)
Desde su regreso a la Casa Banca el 20 de enero, Donald Trump ha impulsado su agenda de transformaciones a una velocidad vertiginosa.
Ese primer día al frente del gobierno de Estados Unidos eliminó de un plumazo 78 órdenes ejecutivas que había heredado de su antecesor, el demócrata Joe Biden.
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A partir de allí, ha emitido decenas de medidas propias que, de llegar a concretarse, no solamente cambiarían el tamaño y la forma de funcionamiento del Poder Ejecutivo en EE.UU., sino que además afectarán las potestades de los otros poderes del Estado e incluso cambiarán la manera en la que se aplican y reconocen algunos derechos constitucionales.
Las medidas de Trump han sido recibidas con entusiasmo por gran parte de sus seguidores, que ven en estas órdenes ejecutivas una señal de que Trump planea hacer bueno uno de sus lemas de campaña: «Promesas hechas, promesas cumplidas».
Sin embargo, estas iniciativas preocupan a millones de funcionarios públicos estadounidenses -que ahora no saben si podrán conservar sus empleos-, así como a miles de empresas, ONGs y particulares dentro y fuera de EE.UU., que no saben si los fondos, contratos o ayudas que vienen recibiendo seguirán en vigor.
También causan consternación en muchos individuos y familias cuyas vidas están siendo afectadas profundamente por los cambios impulsados por Trump.
Entre estos se encuentran, por ejemplo, mujeres embarazadas que al estar indocumentadas ya no saben si sus hijos podrán acceder a la ciudadanía estadounidense y centenares de miles de migrantes que hasta hace semanas estaban amparados legalmente para permanecer en EE.UU. por un parole (permiso humanitario) o por un TPS (estatus de protección temporal).
Muchas de estas medidas de Trump han sido objetadas ante los tribunales que es donde, hasta ahora, han encontrado la mayor resistencia.
Al menos seis iniciativas han sido suspendidas por jueces de distintas partes del país, lo que ha generado frustración dentro del gobierno.
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El domingo, el vicepresidente JD Vance, mostró su enfado con estas medidas y sugirió que el poder judicial estaba llegando al límite con estas decisiones.
«A los jueces no se les permite controlar el poder legítimo del Ejecutivo», escribió en X.
«Si un juez intentara decirle a un general cómo llevar a cabo una operación militar, eso sería ilegal. Si un juez intentara ordenarle al fiscal general cómo usar su discreción como fiscal, eso también es ilegal», apuntó.
Y este martes fue el multimillonario Elon Musk, quien encabeza el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), el que atacó a un juez que puso freno a una de las medidas del gobierno de Trump.
«Al menos deberíamos INTENTAR despedir a este jurista drogadicto», escribió en un mensaje en su red social X.
«¡La idea de tener un puesto de juez de por vida, sin importar cuán malas sean las sentencias, es ridícula! Ya es suficiente», dijo Musk.
Mientras, el propio Trump, en una intervención junto a Musk en la Oficina Oval este martes, dijo que le sorprendía que los jueces quisieran impedir que su administración acabe con la corrupción. «Quizás hay que invesigar a esos jueces», dijo.
BBC Mundo te cuenta seis casos en los que la justicia estadounidense ha frenado al Ejecutivo de Trump.
1. Derecho a la ciudadanía por nacimiento
Detener la inmigración ilegal ha sido un objetivo de Donald Trump desde la primera vez que compitió por la Casa Blanca en 2016.
Una de sus primeras medidas, tras llegar por segunda vez al poder, fue intentar abolir el derecho a la ciudadanía por nacimiento para aquellos casos en los que los padres del bebé sean migrantes indocumentados o extranjeros que se encuentran en EE.UU. con un estatus temporal.
El derecho a la ciudadanía por nacimiento está establecido en la Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU., adoptada en 1868, tras el final de la Guerra Civil, como una forma de resolver la cuestión de la ciudadanía de los antiguos esclavos liberados nacidos en EE.UU.
En 1898, el Tribunal Supremo de Estados Unidos afirmó que este derecho se aplica a los hijos de inmigrantes.
Inmediatamente después de que Trump firmara su orden ejecutiva sobre este asunto, se introdujeron varios recursos ante diversos tribunales en el país.
La primera decisión judicial se produjo el 23 de enero, cuando un juez federal en Seattle emitió una orden de restricción temporal del decreto presidencial.
«Es una orden descaradamente inconstitucional», dijo entonces el juez John Coughenour a un abogado del Departamento de Justicia de Estados Unidos que defendía la orden de Trump.
Posteriormente, una juez en Maryland emitió una orden nacional que suspendía indefinidamente la aplicación de la orden ejecutiva y, este lunes 10 de enero, un tercer juez emitió una medida similar para paralizar los efectos de la medida de Trump.
2. Incentivos para la renuncia de funcionarios públicos
A finales de enero, el gobierno de Trump envió una comunicación a más de dos millones de funcionarios públicos, a quienes se les ofreció la oportunidad de renunciar voluntariamente a sus puestos de trabajo ahora y seguir cobrando unos ocho meses de salario -sin trabajar- a modo de compensación.
El texto fijaba hasta el 6 de febrero como fecha para aceptar esta oferta con la que la Casa Blanca busca reducir la burocracia gubernamental y advertía que no estaba garantizado que quienes no renunciaran pudieran conservar sus empleos.
La iniciativa del gobierno fue cuestionada por las dudas sobre su viabilidad como procedimiento administrativo, así como por su legalidad pues -argumentan los críticos- la compensación ofrecida a quienes renuncien depende de fondos que el Congreso aún no ha aprobado para tal fin.
Cuatro sindicatos de funcionarios públicos, con el apoyo de 20 fiscales generales demócratas, cuestionaron la medida ante los tribunales, señalando que se tratada de un «ultimátum ilegal» que buscaba forzar las renuncias.
El pasado 6 de febrero, un juez federal bloqueó temporalmente la aplicación de esta medida y extendió el plazo que tenían los trabajadores para aceptar la oferta.
Hasta este 10 de febrero se estimaba que solamente unos 65.000 funcionarios habían aceptado.
3. El fin de USAID
La continuidad de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés), se encuentra en duda desde que Trump regresó al poder.
El nuevo gobierno ordenó la paralización de casi todos los programas de ayuda internacional, el regreso inmediato de todo el personal que trabaja fuera de EE.UU. y anunció que miles de empleados quedarían suspendidos de sus funciones.
Creada a inicios de la década de 1960, esta agencia opera en más de 60 países alrededor del mundo, realizando numerosas operaciones humanitarias: desde el envío de alimentos a zonas en riesgo de hambruna hasta la gestión de programa de salud para, por ejemplo, repartir vacunas contra la polio en países donde aún circula el virus que causa esta enfermedad.
El pasado 7 de febrero, un juez federal bloqueó temporalmente un plan del gobierno de Trump -y, en concreto, del Departamento de Eficiencia Gubernamental que lidera Elon Musk- para suspender de sus funciones a unos 2.200 empleados de USAID.
El juez Carl Nichols también ordenó que se permitiera el regreso a sus labores de otros 500 funcionarios que habían sido suspendidos previamente y ordenó que aquellos empleados de la agencia fuera de EE.UU. no sean repatriados antes del 14 de febrero a la medianoche.
Estas medidas temporales responden a demandas iniciadas por sindicatos que denuncian que el gobierno de Trump quiere reducir el número de empleados de USAID de 14.000 a solamente 300.
Según escribió el 7 de febrero el mandatario en su cuenta de Truth Social, el gasto de USAID «es totalmente inexplicable». A lo que agregó: «Ciérrenla».
4. Congelación de las ayudas públicas
Tras llegar a la Casa Blanca, el gobierno de Trump ordenó congelar cientos de miles de millones de dólares en subvenciones y préstamos federales.
La iniciativa fue ejecutada a través de la Oficina de Administración y Presupuesto, que ordenó a las agencias federales que «suspendieran temporalmente todas las actividades relacionadas con las obligaciones o el desembolso de toda la asistencia financiera federal».
El gobierno aseguraba que esta medida tenía como objetivo dar tiempo a la nueva administración para evaluar qué subvenciones y préstamos se ajustaban a su agenda.
Su aplicación, no obstante, provocó confusión y malestar entre quienes reciben estos fondos (como organizaciones sin fines de lucro y de investigación), pues se enfrentaron a la posibilidad de perder rápidamente su financiación que se destina a múltiples asuntos: desde ayuda en caso de desastres hasta investigación sobre el cáncer.
El 28 de enero, la jueza Loren AliKhan ordenó la suspensión temporal de la medida, tras recibir una demanda según la cual esta era ilegal.
Por otra parte, una coalición de estados gobernados por los demócratas presentaron otra demanda para bloquear la orden, calificándola de inconstitucional.
Varios estados informaron de problemas para acceder a fondos a través de Medicaid, un programa de seguro médico del gobierno para personas de bajos ingresos. La Casa Blanca dijo más tarde que el programa no se vería afectado y que el problema se resolvería pronto.
El 31 de enero, el juez John McConnell se pronunció sobre el caso ordenando una pausa temporal a la ejecución de la medida.
Ante la confusión y las acciones legales, el gobierno de Trump optó por revocar la orden que había emitido, aunque afirmó que eso no implicaba que cancelaban el plan para congelar los fondos federales, sino que buscaban eliminar la ambigüedad que se derivaba de las órdenes judiciales.
Este 10 de febrero, el juez McConnell dijo que el gobierno de Trump ha estado violando la orden de seguir distribuyendo las ayudas federales y sugirió que el Ejecutivo podría ser objeto de algunas sanciones.
De acuerdo con el fallo de este juez federal, la suspensión actual de la distribución del financiamiento federal viola «la letra misma» de la orden que él había emitido.
En un fallo de 5 páginas, McConnell dictaminó que las dificultades actuales para obtener dinero federal para cosas como la educación infantil temprana, la reducción de la contaminación y la investigación para la prevención del VIH violaban su orden del 31 de enero.
5. Traslado de mujeres transgénero presas a cárceles de hombres
Una de las primeras órdenes ejecutivas de Trump limitaba el reconocimiento del género de las personas, según el sexo asignado al nacimiento.
En ese contexto, se ordenó a las autoridades carcelarias transferir a las mujeres transgénero a prisiones de hombres y poner fin a sus terapias hormonales.
Organizaciones que defienden los derechos de las personas transgénero criticaron la medida, alertando que su aplicación las podría ponerlas en peligro.
«Habrá violaciones y agresiones físicas debido a esta política», dijo Shannon Minter, directora legal del Centro Nacional para los Derechos de las Lesbianas, según reseñó The New York Times.
El pasado 5 de febrero, un juez federal suspendió temporalmente la transferencia de tres mujeres transgénero a cárceles de hombres y bloqueó también la medida de retirarles la terapia hormonal.
El juez Royce Lamberth de Washington, D.C., adoptó esta decision temporal mientras estudia la demanda recibida, según la cual la orden de Trump discrimina a las personas transgénero y viola sus derechos constitucionales.
6. El acceso de Elon Musk a la delicada información de Tesorería
El gobierno de Trump se vio inmerso en una polémica por la decisión del Departamento del Tesoro de permitir que los empleados del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) -que encabeza el multimillonario Elon Musk- accedan al sistema masivo de pagos y cobros del gobierno federal, y a los datos personales que contiene.
El pasado 8 de febrero, un juez federal emitió una orden preliminar para prohibir el acceso del DOGE a estos datos financieros y ordenó a Musk y a su equipo que destruyan inmediatamente cualquier copia de los registros.
La decisión se produjo a raíz de una demanda de los fiscales generales de 19 estados, interpuesta luego que se supo que Musk y su equipo recibieran este acceso.
Según los demandantes, darle acceso a Musk, un «empleado especial del gobierno», y a DOGE, que no es un departamento oficial del gobierno, viola la ley federal.
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