El presidente de Honduras, su Excelencia Juan Orlando Hernández Alvarado, acompañó a su homólogo dominicano a conocer los proyectos habitacionales La Nueva Barquita y Ciudad Juan Bosch, y en su corta visita manifestó, que se trata de obras en las que se nota la dignificación de la vida de los más pobres.
“Quiero empezar por destacar algo que admiro de lo que están haciendo y que es darle al ser humano la dignidad que se merece”, puntualizó, luego de visitar a varias familias que viven en La Nueva Barquita.
El presidente Hernández Alvarado indicó que los hondureños tienen un principio de filosofía política que dice que ante Dios todos somos iguales, ante la ley y ante los hombres y también ante el Estado.
“Y es la dignidad de las personas”, insistió, “ y los Estados están para privilegiar, poner en prioridad número uno a quienes más lo necesiten y esa es la justicia social; y eso es lo que él estima de nuestro Presidente y todo su equipo, “lo que hemos visto son instalaciones de un país de esos que llamamos del primer mundo”.
Estas lindas y protocolares palabras de un Presidente extranjero pueden llenar de orgullo al nuestro, pero no así a los propios habitantes de La Nueva Barquita, ni tampoco este gasto inmobiliario puede servir de ejemplo, ni en nuestro país ni fuera, por la concepción en que está basada.
En primer lugar, ningún Gobierno pasado se ha ocupado de evitar que las márgenes de los ríos Ozama, Isabela y otros se llenen de gentes que viven en condiciones de miseria, producto de todos esos gobiernos que por actos de corrupción en la construcción y búsqueda de votos regalaban y regalan viviendas, entusiasmando a los campesinos a venir a la Capital, porque allí regalan apartamentos.
En el caso de La Nueva Barquita, la tesis enarbolada o subyacente, porque no la han expresado todavía a viva voz, es que estos apartamentos no son vendidos a los interesados habitantes, pero tampoco donados, son prestados.
Esto equivale a decir, que mientras el interesado se muestra adicto al partido de este Gobierno le permitirán vivir en él.
Si cambia de partido o se muestra contrario al Gobierno perderá el derecho de uso del apartamento y se lo entregarán a un militante.
En estas condiciones, Señor Presidente de Honduras, no se lleve esta mala idea, pues quedará muy mal en su país, y no podrá decir que hay que darle al ser humano la dignidad que se merece.
El derecho del ser humano es vivir en su propia casa con orgullo para él y su familia, ganada con el sudor de su frente, no que le presten un local para vivir.
Esto atenta y lesiona su dignidad. Por otro lado, como el local es prestado, se le viola al prestatario/usuario el ejercicio fundamental de su derecho de disposición de la cosa, ya sea vendiéndolo o alquilándolo, según sea su interés, marcado por su necesidad.
Lo que si se debe llevar a su bello país, Honduras, es la legislación relativa a la Ley 189-11, que crea el desarrollo del mercado hipotecario y fideicomiso en la República Dominicana, pues con ese criterio se contempla que las viviendas bajo este régimen deben costar sumas más razonables, pues el Estado aportaría los terrenos y facilitará que las viviendas sean financiadas a un periodo de 20 años, a una tasa fija de 8 %.
Considere Señor Presidente Hernández, que la construcción de viviendas de este Gobierno para reivindicar a los pobres y a la clase media, a pesar de los alardes oficiales, ha sido un fracaso total.
Las 1,630 viviendas de La Nueva Barquita, y las probables 25 mil viviendas de la ciudad Juan Bosch representan el 2.5 % del déficit habitacional, que según la ONU-Habitat era de 1 millón en el año 2010 y de eso han transcurrido seis años, por lo que el déficit es mayor.
El Gobierno no debe construir una sola casa o apartamento y mucho menos regalarlo, por más pobre que sea el interesado.
También puede llevarse a Honduras, y el nuestro asumirla, la sana idea de que el Gobierno debe presupuestar anualmente una cifra para viviendas, pero como capital semilla, reinvertible, entregado en partes iguales a las Asociaciones de Ahorros y Préstamos, para que estas construyan edificios de apartamentos de 72 metros cuadrados, que constituye el tamaño mínimo habitable, según los expertos de la ONU, y cada unidad se vendería bajo la legislación actual de Fideicomiso, a 20 años, a cuotas fijas de 8 %.
Si un interesado desea comprar dos unidades y unirlas, o desea comprar tres si su familia es numerosa, se le venden en la Asociación, y como son de su propiedad, él ejerce el dominio sobre la misma, con todas sus características y prerrogativas.
Con este sistema, la construcción se reactiva, florece y no habrá nadie que, trabajando, no pueda comprar su humilde hogar, porque estos proyectos habitacionales, como el de La Nueva Barquita y el de la ciudad Juan Bosch, vistos con justicia y con criterio de equidad, discriminan a los pobres, porque no se han creado las normas del fideicomiso y más bien tienden a favorecer a los bancos, que captan, como ocurre ahora, los fondos de pensiones y crean empresas fiduciarias y de promoción de viviendas.
*Por Manuel Bergés
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