Dilma
BRASILIA. – La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, aplazó una esperada reforma ministerial para asegurarse el respaldo de dudosos aliados en contra del impeachment, que el miércoles entrará en una fase decisiva con la presentación de un informe que dirá si hay eventuales motivos para destituirla.
El diputado Jovair Arantes informará de su parecer el miércoles de tarde ante la comisión de 65 parlamentarios que analiza el impeachment, y que lo votará el 11 de abril.
Según medios de prensa, será favorable a la destitución de la mandataria.
Por su parte, en un nuevo frente de esta crisis sin fin, un juez de la corte suprema de Brasil ordenó instalar una comisión de impeachment para el vicepresidente Michel Temer, similar a la que podría costarle el cargo a Rousseff.
Temer, junto a su partido, el centrista PMDB, salió de la coalición de gobierno y se unió a la cruzada por la destitución de la mandataria, que le permitiría acceder al poder hasta el final del mandato en 2018.
Rousseff viene reconfigurando su gobierno con la ayuda de su antecesor Luiz Inacio Lula da Silva, que aún espera por una decisión de la justicia sobre su nombramiento como jefe de gabinete, bloqueado bajo sospecha de que se trate de una forma de huir de una investigación por corrupción.
La mandataria ofrece cargos a otros partidos a cambio de los votos que impidan la aprobación del impeachment en la cámara. Pero, con cautela, dijo que «no pretende realizar ninguna reestructuración ministerial antes de cualquier proceso de votación en la Cámara».
«No tocaremos nada ahora», aseguró. Esa decisión se debería al «miedo a las traiciones» en el momento en que cada diputado se pronuncie, hacia mediados de mes, sobre la conveniencia de abrir un juicio político a la mandataria.
El dictamen no vinculante que se apruebe el 11 de abril por la comisión del impeachment será publicado al día siguiente y 48 horas después (a partir del viernes 15) estaría en condiciones de ser votado por el pleno de la Cámara de 513 diputados.
Allí, debería obtener el respaldo de 342 legisladores (dos tercios de los escaños) para avanzar al Senado. De lo contrario, el caso será archivado. Los cálculos y las cábalas se multiplican y cualquier conversación con un asesor parlamentario, de cualquier partido que sea, termina estos días con la calculadora en la pantalla del teléfono.
Rousseff, que ha insistido en que este proceso representa un «golpe de Estado» institucional, recibió un espaldarazo del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Si no existe «ninguna acusación, ninguna mancha que poner en términos de corrupción sobre la presidenta Dilma Rousseff, entonces no hay ningún fundamento para avanzar en un proceso de destitución», dijo Almagro en Washington.
