Existe un amplio consenso en la sociedad dominicana respecto a la necesidad de aumentar de manera significativa y sostenida, la inversión en la educación. La insistencia en esta demanda, está justificada por las carencias del sistema educativo y la baja calidad de sus resultados.
El SERCE (Segundo Estudio Regional, Comparativo y Explicativo sobre la Calidad de la Educación), auspiciado por la UNESCO, en diecisiete países de la región; ubica en el peor nivel o por debajo, el 78% de nuestros niños y niñas de tercer grado, en lectura y, el 90% en matemática, entre todos los países objeto de esta investigación.
Ese mismo estudio, señala que en el país sesenta de cada cien escuelas no tienen servicios de agua potable, sólo el 40% tiene biblioteca, con un promedio de apenas 600 libros por escuela; 79% no tiene sala de computación, alrededor del 35% de los niños y niñas del tercer grado no tuvo acceso a la educación del Nivel Inicial y, de los que accedieron, el 30% sólo pasó por el último grado de este Nivel, quiere decir que menos de un tercio de esa población tuvo el privilegio de ingresar a la escuela a los cinco años de edad.
Cualquier sociedad, con sus autoridades a la cabeza, que posea un mínimo de vergüenza, se estremece con unos resultados de esta dimensión. Un gobierno seriamente comprometido con las presentes y futuras generaciones tiene que sentirse emplazado a tomar cuantas medidas sean necesarias, para procurar revertir un cuadro tan dramático y amenazante como el que describe el estudio de referencia.
En la Republica Dominicana, se trata precisamente de eso, de actuar consecuentemente con voluntad y determinación para cambiar radicalmente esos resultados. La situación de la educación en el país, esta diagnosticada en demasía. Un Pacto con la Patria y el Futuro de la Educación Dominicana, el Plan Decenal 1992-2002, el Plan Estratégico de Desarrollo de la Educación 2002-2012 y el Plan Decenal 2008-2018, así como toda una gama de estudios realizados por organismos internacionales; dan cuentas de los males de nuestro sistema educativo y de la urgencia de acometer acciones para remediarlo.
El ingreso temprano a la escuela, un clima escolar apropiado, la cobertura oportuna, servicios básicos en las escuelas, la existencia de bibliotecas escolares, las condiciones de vida de los y las estudiantes, la relación familia-escuela, la gestión del tiempo, las condiciones de vida y de trabajo, la formación y el rol de los y las docentes, la disciplina y la gestión escolar y, la orientación curricular, son entre otras; variables que se combinan para hacer posible una educación de calidad.
Ninguna de esas variables puede ser oportunamente garantizada, mientras el Estado Dominicano no supere la irracionalidad con la que históricamente, se ha comportado en materia de inversión en la educación.
La ley 66-97, que surgió del consenso del primer Plan Decenal, establece como una obligación del gobierno dedicar a la educación preuniversitaria el 4% del PIB, o el 16% del Presupuesto Nacional. Doce años después no ha aparecido la voluntad política para cumplir con esta disposición.
Cuando se protesta la violación a la ley, el Poder Ejecutivo mismo que el Legislativo afirma que tal violación no existe, apelan a la frase que le incorporan a todas las leyes en su contenido, que textualmente dice: todo lo que le sea contrario a la presente ley queda derogado. Como el proyecto de presupuesto que elabora el Poder Ejecutivo, una vez aprobado por el Congreso se convierte en ley; la frase de referencia deviene en un permiso legal para incumplir el mandato que consagra la ley 66-97, en este caso, respecto a la inversión en la educación.
En virtud de la evidente falta de voluntad política, que nuestros gobernantes han mostrado para invertir en la educación, para asumirla en términos práctico como una prioridad, milito con determinación en la idea de que, en la nueva Constitución que actualmente se discute en el Congreso, se establezca la obligación de dedicar a la educación preuniversitaria el 4% del PIB, como inversión mínimo. Pudiendo siempre ser más pero nunca menos.
La ocasión es oportuna para esta reflexión. Debemos aprovechar el hecho de que, el artículo que el proyecto de nueva constitución, le dedica a esta importante área social, fue enviado a comisión. De modo que los congresistas tienen la oportunidad de probar su compromiso con el derecho a una educación pública de calidad para todos y todas, cuya garantía está directamente vinculada con la cantidad de recursos que se dediquen al sector.
El sindicato docente, los padres y madres y toda la sociedad, deberíamos movilizar nuestras energías hacia este objetivo. Esta podría ser una magnifica oportunidad para que la Asociación Dominicana de Profesores y Profesoras, impulse la continuidad de la campaña por el 4% para la educación.
