El que concluye fue un año de grandes paradojas. Mientras el Gobierno lo calificó de Año de la transparencia y la institucionalidad, el Poder Legislativo, con el beneplácito del Ejecutivo, continuó la práctica ilegal de negar para educación, Poder Judicial y UASD los recursos del Producto Interno Bruto o del presupuesto que las leyes les asignan.
Aunque prohibido por la Constitución, el Congreso mantiene la práctica de otorgar recursos a los legisladores para realizar, con el Barrilito y el Cofrecito, labores atribuidas al Poder Ejecutivo, incurriendo con ello en un sancionable conflicto de intereses, pues lo descalifica como ente fiscalizador de la ejecución presupuestaria del Ejecutivo.
Pese a que la Constitución dispone que las leyes orgánicas, como las del Tribunal Constitucional y del Presupuesto, requieren, para su aprobación y modificación, de una mayoría calificada, el Poder Ejecutivo y el Congreso pretendieron aprobarlas y promulgarlas con una mayoría absoluta.
Frente a este estado lamentable de cosas, el año 2011 marcó el renacer de una actividad trascendente y formadora de opinión pública no dividida en trozos, como la que venía extendiéndose durante los últimos lustros, por parte de la sociedad civil, fundamentalmente de manos de grupos nuevos y renovados, que han venido reclamando la asignación de los recursos previstos por la ley para la educación y la protección del medio ambiente.
En un año electoral el reto es mayor. Toda la sociedad civil debe continuar presionando por la integridad, coherencia gubernamental y cumplimiento de las normas, y concitar mayores niveles de participación ciudadana en la política y en la correcta elección de quienes van a dirigir los destinos del país.
No podemos dejar la política en manos de los políticos que solo buscan el poder por el poder mismo y por su propio beneficio y no, como lo que debe ser, un instrumento de servicio colectivo.
