No hay margen de discusión cuando del derecho a promocionarse se trata, especialmente cuando entramos en la fase final de la campaña política, cada quien lanza sus últimos zarpazos.

Pero lo mucho hasta Dios lo ve, dice una frase muy socorrida.

Tratar el tema del uso de los recursos del estado es ya redundante, parece imposible que se entienda que usar las cosas que son del gobierno, no es usar las cosas que son del gobierno, es usar las cosas que con el dinero de los contribuyentes están en un momento en manos del partido de gobierno.

Que un simple concepto como ese no sea asimilado y aplicado en pleno siglo XXI, desdice mucho de todos nosotros, los que hemos estado vinculados al quehacer político.

Sin embargo, como la capacidad de asombro siempre alcanza nuevos niveles, ahora resulta que el teatro político agrega un nuevo capítulo, el de la desigualdad de oportunidades.

¿Cuantos videos, fotos o testimonios más serán necesarios para evidenciar que los partidarios del  gobierno poseen una patente de corso para navegar a sus anchas en los mares de la noche? Sin embargo, a los partidos de oposición se les obliga a guardar las reglas de confinamiento.

Parece increíble que violentando todas las normas legales, camiones tanqueros de gas despachen en plena calle el volátil producto, y que ninguna autoridad se digne a imponer límite alguno a esa práctica.

Peor aún, observar como desde una furgoneta se reparten gallinas vivas lanzadas por los aires, lo cual por un momento provoca hilaridad, para luego dar paso a indignación, pues ¿qué más salvaje que esta práctica?

A todo esto, lo curioso es que en la torcida política vernácula, reclamar igualdad de condiciones en el terreno político ¡se interpreta como debilidad! Así pues, si un candidato reclama, inmediatamente se intenta plantear que aquello es un pataleo, cuando no es más que el derecho legítimo a solicitar que se respeten las reglas del juego.

Estamos a semanas de las elecciones, ¿acaso no se supone que alguien funge de árbitro electoral? ¿O ese árbitro va a continuar su marcado desdén, el mismo que provocó ya una suspensión del sufragio?

¿Qué tan inútil puede ser la Junta Central Electoral?