“Justicia, Estado de derecho y desarrollo económico en jaque”.

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La justicia no es una cuestión particular. El sistema judicial no debe estar al servicio de nadie, sino de lo que más convenga a la sociedad.

El impulso de la reforma judicial dominicana venía alentando a la población, lo que contribuyó a elevar los niveles de credibilidad en la Justicia. Pero el colapso de la Justicia civil en la Suprema Corte de Justicia, las decisiones acomodadas al poder político y la falta de previsibilidad en las decisiones judiciales, entre otras causas, han venido mermando la fe en la Justicia dominicana.

Superar los bajos niveles de confianza en el sistema judicial y lograr su eficiencia son sus más grandes retos, pues la confianza es un factor esencial del desarrollo. Para reencausar la administración de justicia se deben retomar los presupuestos que permiten que haya justicia, Estado de derecho y desarrollo económico. Son estos:

1) Que la administración de Justicia debe cumplir un papel importante en la protección de los derechos de las personas, la gobernabilidad democrática, el crecimiento económico y la resolución pacífica de conflictos; 2) Que para cumplir con las expectativas que la sociedad tiene de ella, la Justicia debe ser eficaz, moderna, rápida, accesible, transparente y gratuita, y los tribunales deben estar integrados por personas de reconocida idoneidad profesional y ética que respondan solo a la Constitución y las leyes; 3) Que la independencia de los jueces y el respeto al principio de separación de los poderes del Estado son atributos indispensables para que los tribunales puedan cumplir su misión, y representa la mejor garantía para la estabilidad jurídica y la lucha contra la corrupción, sin la cual el bienestar económico y social de las grandes mayorías del país es impensable y 4) Que exista una verdadera justicia constitucional, lo que pretende ser limitado con la decisión del Senado de la República de reducir la potestad del Tribunal Constitucional de examinar las decisiones que en materia constitucional emanen del Poder Judicial y de la propia Suprema Corte de Justicia. Estamos a tiempo para enmendar ese gazapo.

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