En el Congreso Nacional reposa un proyecto de Ley sobre Disponibilidad de Fondos Públicos.
Dicha pieza, que pretende hacer inembargable todos los bienes del Estado por el perjuicio que esto ocasiona a sus intereses, se fundamenta en la práctica de embargar en manos de entidades bancarias o del Tesorero Nacional, los fondos asignados en los Presupuestos Públicos a los órganos del Estado, Organismos Autónomos y Descentralizados no financieros, el Distrito Nacional, Municipios y Distritos Municipales.
Aparte de que el proyecto no hace distinción entre bienes del dominio público y bienes del dominio privado del Estado, el proyecto deja de lado que el Estado es un instrumento al servicio de la colectividad, no un fin en sí mismo y pretende hacer irresponsable e impune al Estado.
Esto contradice dos principios de la democracia: el del Estado de derecho, en virtud del cual el Estado está sometido a la Constitución y el de responsabilidad del Estado.
Algo preocupante también es que dicho Proyecto presupone que las instituciones públicas se manejan sin planes ni presupuestos en los cuales deberían incluir los importes por obligaciones asumidas por los servicios que reciben, así como las derivadas de resoluciones del sistema de justicia, muchas de las cuales son deudas ciertas y otras contingentes, que deben entrar en todo presupuesto.
Entre nuestras debilidades institucionales está el de la existencia de una administración pública irresponsable, con grandes privilegios y potestad discrecional.
Siendo la responsabilidad patrimonial del Estado de la esencia democrática, los legisladores deben recordar que la ejecución de las sentencias es un derecho, derivado del derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 69 de la Constitución, que entraña una existencia objetiva en un Estado de derecho, que incluye el derecho de carácter subjetivo a que sean cumplidas las resoluciones judiciales, como es el criterio de los tribunales constitucionales y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Consagrar la inembargabilidad de todos los bienes del Estado haría de las decisiones judiciales y los derechos reconocidos o declarados en las mismas, meras poesías de ciencia ficción, sin posibilidad de realización práctica.
