Unazúcar: "Por fin hubo una reacción ante el latrocinio contra tierras del CEA"

Unazúcar: «Por fin hubo una reacción ante el latrocinio contra tierras del CEA»

Unazúcar: «Por fin hubo una reacción ante el latrocinio contra tierras del CEA»

SANTO DOMINGO.-La Unión Nacional Azucarera (Unazúcar) apoyó las medidas adoptadas por el gobierno mediante el decreto 268-16 para la gestión de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA).

Empero, Unazúcar exhortó que dicho decreto se aplique de manera efectiva para que este no pase a ser parte del conjunto de disposiciones que hoy duermen en la paz eterna, en el cementerio de leyes y decretos que se han emitido en el país.

“Por fin hubo una reacción ante el latrocinio de años que ha diezmado el patrimonio de las tierras del CEA”, expresó César Heredia presidente de Unazúcar.

Sostuvo que la enajenación de bienes abarca otros activos tales como vías férreas, piezas y maquinarias que fueron vendidas como chatarras a precio vil.

Heredia recordó que al momento de la privatización de los ingenios del CEA en 1999, la empresa estatal tenía un patrimonio de 1.43 millones de tareas cultivadas de caña y 900 tareas cultivadas de pasto, y diez años después, es decir, en el 2009 el inventario de terrenos  de la indicada empresa alcanzaba 650 mil tareas destinadas a la siembra de caña y unas 600 de pastizales.

Añadió que el caso del Ingenio Río Haina, es el ejemplo más impactante de la depredación de las áreas cañeras del CEA, pues en este, que al momento de ser privatizado poseía un área bajo cultivo de caña de 460 mil tareas, pasado el indicado periodo de diez años no existían tierras cultivadas de caña y sus extensas vías férreas habían igualmente desaparecido.

Heredia, realizó un llamado al gobierno para que una vez la comisión evaluadora que se ha integrado en virtud del decreto realice los inventarios de lugar, se establezca la responsabilidad en cada caso y las consecuencias de lugar, pues no es posible el patrimonio nacional quede en manos ni de autodenominados “padres de familias”, y mucho menos de personeros “influyentes y poderosos”, sin que se establezca  un régimen de consecuencias.



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