SANTO DOMINGO.-La Fundación Juan Bosch presentó el estudio “¿Seguros de salud o Negocio seguro?, un análisis del modelo de financiamiento y mercantilización de la salud bajo el régimen de seguros en República Dominicana”.

De acuerdo con el estudio, a raíz de las reformas de 2001, el financiamiento a la salud se ha convertido en un negocio extraordinario, mientras la población sufre cada vez más precariedades.

“Es un modelo centrado en la enfermedad y no en la salud –señalan sus autores- puescada vez se invierte menos en promoción, prevención y en condiciones de vida digna y saludable para la población. Los inversionistas privados, junto con la clase política, se dieron cuenta de que el verdadero negocio está en que la gente se enferme y vaya a curarse, y no en que esté sana, y hacer de la atención una mercancía en lugar de un derecho”.

El país actualmente gasta en salud un total de 5.8% del PIB al año, pero de este monto el gobierno aporta sólo el 1.4%, en tanto los seguros y el gasto de bolsillo de los hogares representan la mayor parte del financiamiento.

Producto de esto, los centros públicos se deterioran más y más, en tanto las ARS privadas –que capturan los aportes mensuales obligatorios tanto de empleadores como de trabajadores –  han manejado en diez años más de 168 mil millones de pesos, y se han apropiado de más de 24 mil millones (519 millones de dólares), que dejan de ser invertidos en la salud de la población, por lo que –consideran- son entidades sumamente ineficientes y onerosas para el país.

Por su lado, las ARS públicas, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, también transfieren cada vez más recursos a los centros privadosde atención, con lo que se ha ido agravando un círculo vicioso que lleva a la crisis de todo el sistema público de salud.

La investigación, realizada por Matías Bosch Carcuro y  Airon Fernández Gil, demuestra con datos estadísticos que “enRepública Dominicana se instauró un modelo de salud y protección social basadoen el aseguramiento, esencialmente neoliberal, que sistemáticamente desfinanciaal sector público y lo relega a un papel residual y caritativo, con recursos cadavez más bajos que lo ponen al borde del colapso. Por su parte, la población recibe atención de salud según el tipo de seguro que tenga y el dinero que pueda pagar, por lo que es un sistema clasista y discriminador, y, por tanto, injusto y violatorio de la Constitución”.

Buscando soluciones

Esta investigación plantea que se debe lograr un verdadero Sistema Universal de Salud y Protección Social, por lo cuales necesario y urgente llamar al país a un debate objetivo y franco, que priorice no los negocios en la salud sino el disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la Constitucióny en los pactos internacionales.

“Este modelo no se puede arreglar por más reformas que se le hagan: el mal está en sus esencias, tal como se ve en Estados Unidos, Chile o Colombia. Necesitamos que los impuestos que pagamos financien un sistema público que a la vez sea transparente, digno y confiable, que dé garantías de calidad a todos, y que las aseguradoras y las clínicas privadas sigan existiendo pero como una opción voluntaria, no como una necesidad y menos como una obligación legal”.