Santo Domingo.-El Partido Revolucionario Moderno (PRM) informó hoy que fijará el lunes próximo su posición sobre informe rendido por la comisión que investigó la licitación de las plantas Punta Catalina.
La comisión designada por el presidente Danilo Medina para investigar el proceso de licitación y construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina concluyó que el proceso de licitación de la obra se hizo conforme a las leyes nacionales y que no hubo fraude ni sobrevaluación de la obra.
Indicó que el precio las plantas está dentro de los parámetros internacionales para la con construcción de plantas de ese tipo, tanto en Estados Unidos como en Europa, incluso podría estar hasta un 6% menos que el de obras similares en la región.
Recomendaciones
Aunque no pudo determinar si hubo irregularidades en la licitación de las plantas de carbón, la comisión recomendó a la Procuraduría ampliar las investigaciones en torno al tema de los sobornos en el Congreso Nacional para el financiamiento de la obra cuyo costo asciende a US$2, 040 millones.
Asimismo, recomendó modificar la modificación de la ley de contrataciones públicas a fin de que se pueda declarar desierta una licitación si al final no tiene mínimo dos oferentes clasificados.
La comisión presentó un informe que recoge los resultados de dos mil 500 horas/hombre de trabajo, miles de páginas de documentos, decenas de entrevistas.
El resumen ejecutivo del informe fue leído por Jaime Aristy Escuder durante una rueda de prensa en la sede del Consejo Económico y Social (CES) que preside monseñor Agripino Núñez Collado.
La Comisión recomendó también que se debe concluir el proceso de construcción de la obra, debido, entre otras razones, a la gran inversión que se ha realizado.
La comisión fue designada por el presidente Danilo Medina, mediante el Decreto 6-19 en fecha 10 de enero del año 2017.
La licitación se realizó el 15 de marzo de 2013, y la comisión tenía la autoridad de solicitar e investigar toda la documentación disponible, así como para entrevistar a todos los funcionarios que participaron en los procesos, como disponía el decreto.
