El Centro para los Derechos Reproductivos representa legalmente a la única clínica abortiva de Misisipi que queda abierta -la Women's Health Organization de Jackson-, que ha demandado al estado por limitar este derecho, en un litigio que ahora llega al Tribunal Supremo del país.
SANTO DOMINGO.-A propósito de la discusión en el Congreso de la República del Código Penal en torno a la interrupción del embarazo y su despenalización en tres casos excepcionales, el Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana exhortó al Estado dominicano a que salvaguarde los derechos a la vida y a la salud de las mujeres, conforme a sus obligaciones internacionales de derechos humanos.
Dijo que suscribe las recomendaciones realizadas recientemente a la República Dominicana por los diferentes mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. En 2017, el Comité de Derechos Humanos recomendó al estado dominicano “modificar su legislación para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo, y cuando llevar a término el embarazo podría ocasionar un daño o sufrimiento sustancial a la mujer o niña embarazada, especialmente en los casos en que el embarazo sea el resultado de una violación o incesto o cuando no sea viable.”
Por su parte, en 2016, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales recomendó al Estado agilizar la discusión en el Congreso de una norma que permita la despenalización “en los casos que sea necesario (violación, afectación de la vida o salud física y mental de la mujer e inviabilidad del feto) para garantizar los derechos fundamentales de la mujer”.
El Sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana valora el compromiso del Poder Ejecutivo respecto a la despenalización de la interrupción del embarazo en las causales contempladas en las observaciones al Código Penal, emitidas en 2014 y en 2017.
El Sistema de las Naciones Unidas hace un respetuoso llamado a favorecer las propuestas de reforma del Código Penal por la despenalización e interrupción del embarazo en los casos excepcionales ya mencionados, con el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres y niñas establecidos en los tratados internacionales adoptados por República Dominicana.
