El Día 
María Teresa Cabrera, Manuel Robles y Sabino Hernández, junto a otros dirigentes del movimiento Marcha Verde.
SANTO DOMINGO.-El movimiento Marcha Verde dijo hoy que a pesar de que la ciudadanía lleva un año de permanentes movilizaciones masivas reclamando el fin de la impunidad, el presidente Danilo Medina continúa evadiendo referirse a los principales casos de corrupción y a aclarar su vinculación con la mafiosa empresa Odebrecht.
La Marcha Verde criticó que el mandatario no respondiera ninguna de las diez preguntas formuladas la semana pasada demandando respuestas sobre la rampante corrupción que arropa el Estado y la impunidad con la que ha reaccionado el sistema de Justicia.
“El silencio de Danilo Medina evidencia su complicidad con la corrupción e impunidad, reafirmando la pertinencia de la demanda de un juicio político en el Congreso Nacional”, indicó.
Calificó de burla a la ciudadanía afirmar que ésta ha sido la gestión de “más transparencia y eficiencia del gasto público”, cuando no se han investigado ni sometido a la justicia los responsables de los casos de corrupción de la OISOE, CEA, Los Tres Brazos, Bajos de Haina, Metro y Odebrecht.
“El presidente Danilo Medina tenía la obligación de rendir cuentas frente a la Asamblea Nacional y la ciudadanía sobre la posible participación de Odebrecht en el financiamiento de sus campañas”, sostuvo Marcha Verde, tras haberle solicitado presentar los recibos de pago al delincuente internacional Joao Santana, quien fuera su asesor de campaña en 2016.
Criticó que no explicara por qué aún se mantienen vigentes los contratos y las operaciones de la empresa corrupta, cuando la Ley de Compras y Contrataciones (340-06) de República Dominicana prohíbe que las instituciones del Estado suscriban o mantengan contratos con empresas cuyos propietarios estén condenados por prácticas delictivas.
El movimiento cuestionó el supuesto fortalecimiento del Ministerio Público cuando el propio mandatario desconoció su rol como principal órgano de persecución de la corrupción al ordenar la conformación de una comisión testimonial e ilegítima para investigar el proyecto de Punta Catalina, obra insignia de Medina: “resulta indignante que, a pesar de las múltiples denuncias de sobrevaluaciones de ese proyecto, no se haya ordenado una auditoría técnica seria y responsable”.
Advirtió que mientras la persecución de la corrupción continúe en manos de un cuadro político del PLD y uno de los promotores de la reelección del presidente en 2016, la impunidad seguirá protegiendo las redes delictivas que operan en las instituciones del Estado.
“No podemos callar frente a la actitud de desprecio de Danilo Medina el reclamo de más de 300 mil ciudadanos y ciudadanas que firmaron el Libro Verde para que sea conformada una comisión de fiscales independientes que investigue el caso Odebrecht por no confiar en un Ministerio Público que ha demostrado su complicidad con la estructura de impunidad”, enfatizó.
Tampoco se ofreció explicación a la población, continuó el colectivo, del pago adicional que exige la constructora mafiosa en tribunales internacionales por la obra de Punta Catalina, lo que implicaría un golpe más a una economía ya ahogada por niveles históricos de endeudamiento, fruto de la corrupción y el manejo ineficaz de los recursos públicos.
Apuntó además que los principales indicadores sobre transparencia institucional y corrupción administrativa demuestran la crítica situación en la que se encuentra el país en estos temas. El índice de Percepción de la Corrupción coloca a República Dominicana como uno de los siete países más corruptos del continente. Con respecto a la participación pública en el Índice de Transparencia, una puntuación de 17/100 evidencia la ausencia de mecanismos formales que permitan a la ciudadanía participar en la elaboración del presupuesto público.
La Marcha Verde rechazó la política de silencio asumida por Danilo Medina y su gabinete con respecto a los casos de corrupción y llamando a la población a seguir aumentando la presión ciudadana como la única vía para lograr derribar el régimen de impunidad que se roba los derechos de las dominicanas y dominicanos.
