Los sistemas judiciales más exitosos del mundo tienen en los acuerdos uno de los instrumentos más recurridos para acelerar procesos, lograr condenas contra los cabezas de acciones delictivas o esclarecer casos.
La condición para esos acuerdos es que sean útiles, aunque no siempre sean transparentes.
Por ejemplo, Estados Unidos llegó a acuerdos con Quirino Ernesto Paulino.
Fue tanto lo que este facilitó a las autoridades estadounidenses para desmantelar uno de los que en ese entonces era de los principales carteles de narcotraficantes del mundo, que le concedieron llevarse consigo todas las bases y quedarse con parte de su fortuna.
Resulta muy evidente que la Procuraduría General de la República llegó a muchos tipos de acuerdos para armar el caso Odebrecht antes de presentar acusación formal.
Eso, además del acuerdo que hizo formalmente con Odebrecht.
Al leer con detenimiento el expediente salen a relucir los nombres de muchas personas que, según el relato de la Procuraduría, fueron usadas para mover dinero.
Son gentes cercanas a los finalmente imputados, pero no fueron incluidos en la acusación. Hay esposas, hermanos, yernos e hijos y estos, aunque salen mencionados, fueron excluidos.
La explicación formal es que su participación no fue consciente o que no activaron en la estructura para conceder o recibir sobornos.
Pero lo cierto es que hubo acuerdos informales y “concesiones humanitarias” para la Procuraduría poder llevar por mejor calle la procesión, a cambio de librar almas que solo andarían en pena sin haber sido músicos del elenco.
