SANTO DOMINGO.-La clase política dominicana ha logrado sortear sin mayores víctimas el caso Odebrecht, considerado como el mayor escándalo de corrupción internacional en el continente, el cual en sus diversas etapas les ha costado el puesto a dos presidentes y ha llevado a los tribunales a tres expresidentes.
Sin embargo, la ha mantenido por más de un año en medio de una tormenta política de la cual todavía no se vislumbra un fin.
La Procuraduría General de la República tiene el desafío de presentar dentro de 12 días una acusación formal contra los que finalmente pedirá sean llevados a juicio por los sobornos que la empresa constructora brasileña admitió haber pagado para obtener contratos.
El 9 de junio vence el plazo dado por el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, para presentar la acusación.
La interrogante que deberá disipar el Ministerio Público es sobre quiénes ha logrado recolectar pruebas que le permitan sostener una acusación, en especial si se tiene en consideración que la primera solicitud de orden de arresto se sustentó en los testimonios de los ejecutivos de Odebrecht en Brasil y que estos no han dado declaraciones a la Justicia dominicana.
El 29 de mayo de 2017 el Ministerio Público señaló a 14 personas sospechosas de haber recibido sobornos de Odebrecht, por los contratos firmados por esa empresa con el Estado dominicano.
Ejecutó orden de arresto contra diez de ellos, incluyendo al entonces ministro de Industria y Comercio y miembro del Comité Político del PLD, Temístocles Montás, quien en ese momento se tenía como una de la figuras políticas más influyentes de esa organización.
Los tres que no fueron arrestados son los senadores oficialistas Julio César Valentín y Tommy Galán, así como el vocero del Partido Revolucionario Moderno en la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecho, ya que la Constitución les confiere privilegio de inmunidad parlamentaria.
En ese momento tampoco fue arrestado Bernardo Castellanos, exfuncionario del Gobierno de Hipólito Mejía, porque se encontraba en Panamá en trabajos de consultoría privada.
Un juez de la Suprema Corte de Justicia, actuando en función de Instrucción Especial, dictó medidas de coerción contra los diez arrestados, incluyendo prisión preventiva contra Montás, entonces ministro de Industria y Comercio; Andrés Bautista, presidente del PRM (el principal de oposición) y expresidente del Senado; el exdiputado Ruddy González, del Partido Revolucionario Dominicano (actualmente aliado al Gobierno); el exministro de Obras Públicas del Gobierno de Leonel Fernández, Víctor Díaz Rúa; el abogado Conrado Pitaluga, Ángel Rondón y el exvicepresidente de la CDEEE César Sánchez.
Al exvicepresidente de la CDEEE en el Gobierno de Fernández, Radhamés Segura, y al exdirector del instituto Nacional de Aguas Potables, Roberto Rodríguez, les fue impuesta prisión domiciliaria.
Posteriormente las medidas de coerción fueron variadas y todos lograron ser puestos en libertad, a excepción de Víctor Díaz Rúa y Conrado Pitaluga, quienes luego lograron que se les cambiara por garantía económica y prisión domiciliaria.
El Ministerio Público tiene hasta el 9 de junio para completar el expendiente contra los imputados, excluir a algunos si no lograra obtener suficientes pruebas o encartar a otras personas.
La Marcha Verde
El caso Odebrecht puso a la administración del presidente Danilo Medina en el centro de la mayor tormenta política de los últimos años, de la cual ha logrado salir airoso en términos personales, mas no así en su popularidad, que ha resultado mellada.
Los adversarios de Medina lograron golpear la imagen de la actual gestión al poner sobre el ring a Joao Santana, quien fue clave para vincular a figuras políticas de América Latina con Odebrecht y que fue el principal estratega de Medina para las elecciones de 2012 y la fase inicial de la búsqueda de la reelección en 2016.
Sin embargo, logró sortear la situación gracias a que Santana excluyó al mandatario del listado de los políticos a los que él les trabajó pagado con fondos de Odebrecht.
Eso corroboró la versión de Medina de que los honorarios de Santana los habían pagado “empresarios amigos”, los cuales todavía no han sido identificados.
El efecto político más visible del caso Odebrecht fue el surgimiento del movimiento Marcha Verde, que logró movilizar a decenas de miles de personas en varias actividades multitudinarias y calar en el sentimiento popular por su discurso contra la corrupción y la impunidad.
Proyectos
— Ventaja
Entre los años 2000 y 2016,Odebrecht obtuvo en el país 17 contratos con un monto global de unos 5,100 millones de dólares.
