Santo Domingo.- La Asamblea Nacional, en función de Asamblea Revisora, aprobó anoche el controversial artículo 16 del proyecto de reforma a la Constitución, sobre la nacionalidad, acogiendo un informe favorable de la comisión especial que estudió ese punto, estableciendo que los hijos de ilegales nacidos en el país no serán dominicanos.
El informe fue rubricado por 11 de los trece miembros de la comisión que presidió Isabel Bonilla. No firmaron Víctor (Ito) Bisonó, del Partido Reformista, ni José Ricardo Taveras, de la Fuerza Nacional Progresista, organización que presentó un informe disidente.
El artículo establece que son dominicanos: a) Los hijos e hijas de padres o madres dominicanos. b) Quienes ya gocen de la nacionalidad antes de la entrada en vigor de la presente Constitución.
c) Los nacidos en el territorio nacional, con excepción de los que fueren hijos de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares o de extranjeros que se hallaren en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano.
También da la nacionalidad dominicana a los hijos de dominicanos nacidos en el extranjero y a los descendientes directos de dominicanos nacidos en el exterior.
Las discusiones afloraron nuevamente, al punto de que Isabel Bonilla exigió respeto a los representantes del FNP, por disentir.
Función Pública
Los asambleístas aprobaron también en primera lectura el tema de la Función Pública, la cual garantiza la permanencia de los servidores públicos en los puestos de trabajo, establece la evaluación del desempeño y la profesionalización de los empleados públicos, condena la corrupción en los órganos del Estado y obliga a los funcionarios a presentar declaraciones juradas, según establecen los artículos 119, 120, 121 122 y 123..
Previamente habían eliminado el artículo 121 del proyecto del Poder Ejecutivo, que otorgaba al Presidente de la República para regular los salarios de los servidores públicos.
Amplían plazo La Asamblea Nacional amplió hasta el jueves de la semana próxima el plazo que tiene la comisión especial que debe estudiar el tema relativo a la Junta Central Electoral, para que rinda un informe de consenso sobre el tema.
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