Santo Domingo.-La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) afirmó ayer que los órganos del Estado que realizaron la venta del sector Los Tres Brazos dejaron de lado su responsabilidad social y en vez de beneficiar a sus moradores prefirieron darle el derecho de titularidad a una empresa privada.

“No hay duda de que en este caso los órganos del Estado involucrados abandonaron su responsabilidad al delegar su función social a un ente privado, cuya finalidad no es beneficiar a las familias dominicanas, sino obtener un lucro particular desmedido y exagerado”, especificó Finjus haciendo referencia a lo que ha sido denunciado.

La posición de la entidad fue dada a conocer por medio de un comunicado elaborado por su presidente, Servio Tulio Castaños Guzmán.

El jurista especificó que con la venta se contradijo el mandato del artículo 59 de la Constitución, que establece que “el acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda ”.

La venta fue encabezada por la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), que cedió esos terrenos a Inversiones Fernández Parache por RD$80 millones, costándole el metro cuadrado a menos de RD$80 según los lugareños.

“En lugar de ejecutar las políticas públicas a las que están obligados, esos órganos traspasaron sus funciones a una empresa sin obligarla a igualar las condiciones del Estado”, explicó Castaños Guzmán.

En ese orden, la entidad señaló: “El hecho de restarle prioridad a quien en buen derecho la tenía, nos provoca ciertas dudas respecto a la legitimidad real de la operación”.

Exige investigación

La Fundación Institucionalidad y Justicia también demandó que los organismos de control del Estado investiguen el caso.

“El Estado dominicano no puede perder el enfoque de impulsar condiciones de bienestar a toda la ciudadanía, ni tampoco permitir mínimas apariencias de tráfico de influencia en los procesos que estén involucrados”, argumentó Finjus.

Piden explicación

Decenas de residentes del sector han dejado de pagar cuotas que aportaban a la empresa propietaria a fin de obtener sus títulos, ya que requieren saber de parte de las autoridades cuál es la situación jurídica de esos terrenos.

Alfredo Rodríguez, quien reside en esa localidad, indicó que el Gobierno debe informarles de forma clara si la empresa ha cumplido con los trámites y si es la única solución para ellos obtener sus títulos.

También legisladores han cuestionado la venta de estos terrenos.

Indagar si se cometieron irregularidades

El presidente de la Comisión de justicia, Arístides Victoria Yeb, consideró que en torno a la venta de los terrenos que pertenecen a Los Tres brazos debe haber una investigación profunda y que si hay irregularidades los responsables deben ser sometidos a la Justicia.

“Si hubo un acto ilícito en dicha venta los promotores deben pagar por su accionar”, sostuvo el legislador por la provincia de María Trinidad Sánchez.

De su lado, el legislador del Partido de la Liberación Dominicana Rafael Calderón dijo que esta venta es ilícita.
Sin embargo, en los documentos del Senado y la Cámara de Diputados, hasta el momento no tienen constancia de que ese contrato haya sido aprobado, según afirman legisladores.