Santo Domingo.-En lo que va de año el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ha logrado el retorno de unos RD$47 millones de pesos a ciudadanos mediante procesos conciliatorios, por la compra de inmuebles dañados o inadecuados.

Anina del Castillo, directora de Pro Consumidor, indicó que estas remuneraciones se han logrado gracias al fortalecimiento de los procesos de conciliación, los cuales evitan que los afectados tengan que recurrir a los tribunales.

Desde el año pasado los casos de inmuebles es el renglón de denuncias que ha registrado mayor crecimiento.

Preceptos de la Ley

Explicó que para dicha aplicación, la entidad parte de la Ley 358-05 sobre derechos del consumidor, que establece que en la relación entre proveedores y consumidores haya primero que nada equidad, la cual debe manifestarse en los contratos de una operación de venta de un inmueble.

Además, en algunos preceptos de la Constitución, específicamente en el artículo 53, donde se establece que “los dominicanos tienen derecho a bienes y servicios de calidad y a tener información suficiente y completa”.

Señaló que entre los casos más comunes se encuentran la venta de inmuebles con metrajes inferiores o terminaciones de poca calidad a lo ofertado, siendo esto publicidad engañosa.

Al lograrse una conciliación, dicho documento tiene la autoridad irrevocable, y si la empresa que vendió el inmueble no lo cambia o devuelve el dinero el afectado solo debe de ir a pedir la fuerza pública y ejecutar la disposición.

“A partir del principio de la reciprocidad hemos entendido que si el vendedor se tarda en la entrega del inmueble, debe tener tanta penalidad como al comprador cuando este no paga en el tiempo establecido en el contrato”, dijo Del Castillo.

En la actualidad, Pro Consumidor mantiene 47 casos pendientes de fallo del consejo por inmuebles, en los cuales no se ha logrado establecer conciliación entre las partes.

Dirección ejecutiva de Pro Consumidor acompañó su directora.

Otras denuncias

Otro de los casos por el que reciben mayor número de denuncias es por reparación de vehículos, y en busca de darle respaldo a la población trabajan con una propuesta de reglamento técnico para la clasificación de los talleres de mecánica.

A la espera de dicho reglamento, la funcionaria explicó que en procura de buscar soluciones concretas se han creado mesas de trabajo con sectores representativos del área para establecer los criterios a seguir.

Entre estos la Ley de Pro Consumidor establece que los servicios de reparación de vehículos poseen una garantía mínima de 30 días.

En caso de detectarse una pieza dañada, el taller de mecánica tiene la obligación de entregar la pieza que fue sustituida.

Aplicaciones

Como mecanismo de orientación a los proveedores de servicios o productos la entidad creó un departamento de buenas prácticas, en donde se trabaja con representantes de las diversas áreas en busca de identificar los puntos importantes y orientarlos sobre el conocimiento de la Ley y sus responsabilidades.

Esta unidad depende directamente de la inspección y el área jurídica, contando con un grupo de peritos, quienes trabajan a partir de las clasificaciones técnicas que establecen los reglamentos.

Del Castillo se quejó del bajo presupuesto que reciben, el cual asciende a RD$176 millones al año, unos RD$13.2 millones mensuales, de los cuales 9 millones están destinados para la nómina, el resto es dividido en gastos comunes y otra parte está dirigida a pagar los laboratorios.

Permisos a importadores serán suspendidos

En busca de una solución definitiva en torno a la comercialización de leche a granel, el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor llegó a un acuerdo con el Ministerio de Industria y Comercio para suspender los permisos a los importadores que comercialicen este producto destinado para uso industrial.

En este sentido, Pro Consumidor notifica a Industria y Comercio sobre los decomisos de productos y sus características, y estos establecerán las sanciones al importador.

Con este apoyo están convencidos de que el trabajo será más fácil, advirtiendo que las empresas que incurren en esa práctica “se van a tener que poner bien los pantalones”.