SANTO DOMINGO.-La Colectiva Mujer y Salud y la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos (RMMDR) rechazó este miércoles la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que a los hijos nacidos en el país de padres extranjeros en tránsito no les corresponde la nacionalidad dominicana.

La organización calificó dicha decisión como aberrante y llamó a la ciudadanía y a la comunidad internacional a demandar la restitución de sus derechos y dejar sin efectos esta decisión.

“Consideramos que esta sentencia constituye una violación al Estado de Derecho, a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por la República Dominicana, en tanto que desnacionaliza a personas dominicanas de ascendencia haitiana, anulando derechos adquiridos previamente”, precisa.

Agrega además, que este acto del Tribunal Constitucional es muestra de la máxima expresión de una política sistemática del Estado dominicano de carácter racista, xenófoba y discriminatoria en contra de la población dominicana de ascendencia haitiana de varias generaciones.

“Se trata de un discurso que invita al odio racial y a la limpieza étnica, por lo que podría constituir un acto de lesa humanidad, de conformidad con el Estatuto de Roma firmado y ratificado por el Estado el 12 Mayo 2005”, sostuvo.

Explicó que uno de los efectos violatorios de derechos humanos de este acto es que deja a miles de personas dominicanas en un limbo jurídico, que podría conducirlas a una situación de apátridas. En el caso de las mujeres, la situación se agravaría por los efectos que tendría en sus vidas por el hecho de ser féminas.

Dijo que en primer lugar, al ser despojadas de su nacionalidad, las deja en un estado de indefensión frente a todos sus derechos, lo que las colocaría en una situación de mayor vulnerabilidad para ser víctimas de violencia basada en género y todo tipo de abuso y violencia sexual.

“Asimismo se vería limitado el ejercicio de su derecho al acceso a la justicia al verse impedidas de denunciar a las autoridades por temor que esta situación se revierta en contra ellas”, enfatizó.

Por otro lado, expresó que se afectaría el ejercicio de sus derechos reproductivos, lo que podría impactar por ejemplo en la mortalidad y morbilidad materna, ya que esta medida podría amedrentarlas de acudir a los servicios de salud para la atención del embarazo, parto y el puerperio por temor a ser deportadas o a la inscripción de sus hijos e hijas en el registro de extranjería.

Igualmente se podrían sentir limitadas de acudir a otros servicios de salud sexual y reproductiva, tal como servicios de métodos anticonceptivos, con el riesgo de incremento de embarazos no deseados, señaló.