Santo Domingo.-Las autoridades que investigan el caso de robos de drogas por parte de miembros de la Dirección Central Antinarcótica de la Policía Nacional (Dican) han comprobado que en los últimos meses se produjeron al menos tres casos diferentes en los que agentes se apoderaban de cocaína decomisada a narcotraficantes.

El primer caso correspondió a 250 kilos de cocaína decomisados en Miches, los cuales se quedaron en poder de los agentes policiales actuantes, incluyendo un oficial superior.

Otro incidente ocurrió en Boca Chica, donde agentes de la Dican decomisaron 33 kilos de cocaína, los cuales no reportaron y se la repartieron entre ellos.

En esa oportunidad al oficial de mayor rango le correspondieron 15 kilos de la droga la que habría vendido luego a uno de los sindicados como principales microtraficantes del país y que es buscado por las autoridades.

El detonante

Sin embargo, lo que destapó el escándalo fue el robo de 950 kilos de cocaína ocurrido en una casa del ensanche Isabelita en el municipio Santo Domingo Este, en la provincia Santo Domingo, en el que participaron oficiales de alta graduación. Agentes subalternos, pero vinculados a líderes del microtráfico en el país, ayudaron a colocar la mayor parte de esa droga en el mercado interno.

Ese último caso fue el detonante, ya que se trataba de un caso al que también le estaba dando seguimiento la Dirección Nacional de Control de Drogas con la asistencia de la agencia antinarcóticos de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

El trabajo de inteligencia que se realizó previamente determinó que un cargamento de cocaína procedente de Suramérica había sido almacenado en una casa del residencial Michell, del ensanche Isabelita, pero al momento de realizar el allanamiento por la DNCD no fue encontrada droga.

Desde la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo se había registrado un primer allanamiento, pero se reportó que no había sido encontrada ninguna sustancia prohibida.

Reacciones organismos

Esa acción generó sospechas por parte de la DEA y la DNCD que, sin embargo, decidieron proceder a realizar un nuevo allanamiento en busca de trazas de drogas y profundizar las investigaciones sobre ese caso, pues tenían hasta grabaciones que demostraban que un cargamento había sido llevado a esa casa.

En esa oportunidad vecinos de la vivienda revelaron a los agentes actuantes que hacía pocos días se había realizado un allanamiento, pero con agentes de la Dican y que éstos se habían llevado la droga encontrada.

Esa información no se correspondía con lo reportado en el acta de allanamiento anterior en la que se indicaba que no se había encontrado la droga.

Cuando los dueños de la cocaína hurtada se dieron cuenta de que el decomiso no se había tratado de una acción antinarcótica, sino de un robo de droga y que por lo tanto estaban frente a una especie de “tumbe”, se pusieron en contacto con los oficiales actuantes a los que les reclamaron que “al menos compartieran parte de la droga para ellos hacer frente a sus compromisos con los suplidores”.

En esas circunstancias los agentes les habrían devuelto 250 kilos de cocaína, pero se quedaron con el resto de la droga, la cual llegaron a vender.

Una de las líneas de investigación va en la dirección de determinar a cuál de las estructuras del microtráfico nacional le fue vendida la droga robada.

Enterado de la situación, el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo, inició una investigación interna con la designación de una comisión de generales, pero al verificar la magnitud del caso decidió solicitar a la Procuraduría General de la República que dirigiera las pesquisas.

Informe al Presidente

El presidente Danilo Medina ha recibido varios informes sobre el caso de la droga robada por agentes de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional (Dican) y todos señalan responsabilidades de los miembros de esa entidad y dos procuradores fiscales adjuntos.

El primer informe formal se produjo luego de una reunión realizada en el Palacio Nacional y que encabezó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, con el procurador general Francisco Domínguez Brito; el ministro de Defensa, William Muñoz; el jefe de la Policía Nacional, mayor general Manuel Castro Castillo; el presidente de la DNCD, mayor general Julio César Souffront Velásquez; el director del Departamento Nacional de Investigaciones, almirante retirado Sigfrido Pared Pérez, y los jefes de las unidades de inteligencia de los cuerpos castrenses.

El segundo informe lo recibió del propio procurador Domínguez Brito, quien le dio detalles más pormenorizados, y el más reciente se lo entregó ayer el presidente de la DNCD, Souffront Velásquez.

El acta de allanamiento

El caso que ha destapado el escándalo con relación a la Dican fue un allanamiento realizado el 27 de septiembre de 2014 a las 8:55 de la noche en el ensanche Isabelita, de Santo Domingo Este.

En ese caso los fiscales actuantes y que están siendo investigados para determinar sus niveles de responsabilidad, Máximo Díaz y Leónidas Suárez, llenaron un acta de allanamiento en la que indicaban no haber encontrado nada comprometedor.

Aunque la acción fue realizada por agentes de la Dican, los miembros del Ministerio Público utilizaron un formulario de los que se usan para las operaciones con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Como el formulario está preelaborado para los operativos con la DNCD, no se indica que quienes lo acompañaban eran miembros de la Dican.

Incluso, debajo de las firmas de los agentes actuantes se identifican como “Miembros de la DNCD” en vez de indicar que eran de la Dican.

Reacciones

El procurador general Francisco Domínguez Brito, el jefe de la Policía y otros sectores han advertido sobre la gravedad de las anomalías detectadas en los operativos que realizaba el Dican, por lo que han surgido algunas voces que plantean que ese organismo debe ser eliminado, por la dualidad de funciones que ahora tiene con la Dirección Nacional de Control de Drogas.