En varias ocasiones hemos tratado el tema de las entidades llamadas a defender a los consumidores, y tenemos que volver a este asunto porque con frecuencia hay que preguntarse: ¿a quién sirven estas entidades?

Con frecuencia los órganos reguladores confunden su rol, a tal punto que actúan pensando más en el interés de sus regulados que en el de los usuarios de los bienes y servicios que estos prestan.

La dispersión de las funciones de defensa a los consumidores ayuda al ahondamiento de esta problemática.

Han sido varios los casos en que dependencias públicas le salen al paso a Proconsumidor, alegando que la regulación de tal o cual sector es de su exclusiva compentencia, como pretexto de proteger a sus regulados al ser evidenciados afectando a los consumidores.

Veamos el ejemplo más reciente.

Como consecuencia de la competencia existente entre empresas se puso en evidencia un “exceso creativo” de una de ellas al querer presentar como la oferta de una nueva plataforma tecnológica lo que en realidad era la adecuación de la ya existente.

Los principales ejecutivos del órgano regulador daban la impresión de que estuvieran más preocupados en no hacer quedar mal a su regulado que en defender a los usuarios.

Finalmente, la entidad oficial dijo, “rápidamente”, lo que la gente debía saber.

Hay que avanzar en materia de defensa al consumidor y uno de los elementos que deben ser evaluados es la dispersión de las instituciones estatales.