Santo Domingo.– Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, toda persona que sea condenada por enriquecimiento ilícito quedará inhabilitada de por vida para ocupar posiciones públicas, ya sean electivas o por designación.
Así lo advirtió este jueves la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, durante una conferencia sobre los avances en materia de transparencia que implican el nuevo Código Penal y la recientemente aprobada Ley de Compras y Contrataciones Públicas. El evento fue celebrado en la Dirección General de Aduanas (DGA).
“La corrupción es transversal al desarrollo de los pueblos. Cuando se comete un acto de corrupción, fondos que deben ir a Salud Pública, no van; fondos que deben ir a Educación, no van; fondos que deben ir a Seguridad, no van. Entonces, ¿quién es la víctima de los actos de corrupción? La sociedad”, sentenció.
Reynoso explicó que el enriquecimiento ilícito, ahora reconocido como un tipo penal autónomo, permite el decomiso de los bienes adquiridos ilícitamente y la inhabilitación permanente del condenado para ocupar cargos públicos. Esto significa que ya no es necesario que este delito dependa de otras figuras penales para ser procesado.
Asimismo, resaltó que el nuevo Código contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas, lo que permite perseguir y sancionar también a empresas involucradas en actos de corrupción, incluyendo su posible disolución.
“Actualmente, hay decenas de empresas que enfrentan procesos judiciales que podrían llevar a su inhabilitación como proveedoras del Estado. Y esto no excluye la responsabilidad individual de los funcionarios o personas detrás de esos negocios”, puntualizó.
Entre las novedades más importantes del nuevo marco penal, Reynoso mencionó la manipulación de pagos en obras públicas como un nuevo tipo penal. Esta conducta incluye la alteración intencional de contratos para beneficiar a particulares y perjudicar al Estado.
“Cuando se usa el dinero del Estado para comprar o contratar, hay reglas. Y romperlas es robarle al pueblo”, advirtió.
En ese contexto, detalló algunos de los delitos más frecuentes en el ámbito de las contrataciones públicas como la adjudicar contratos sin concurso (a dedo), la manipular los precios de compras y ventas, pagar por bienes o servicios inexistentes, ser juez y parte en un contrato, y proveer información falsa para ganar licitaciones.
Todos estos actos estarán tipificados como delitos en el nuevo Código Penal y podrían implicar sanciones de entre 3 y 10 años de prisión, al estar alineados con la Ley de Lavado de Activos.
La procuradora general destacó que este nuevo marco normativo fortalece la capacidad del Estado para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, alineándose con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y los estándares internacionales en materia de integridad pública.
En la actividad estuvieron presentes el director general de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón (Yayo); la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, y el gerente legal de la DGA, Óscar D’Óleo Seiffe.
Etiquetas
Katherine Espino
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en...
