Celedonio Jiménez
La reiteración de los actos de violación y asesinatos de menores, así como de feminicidios, son expresión de la existencia de males de fondo en el país.
El caso de la niña Yanelsy Rodríguez, de 4 años, violada y luego asesinada por un menor y por el adulto Franklyn Fernández Cruz, en la sección “Las Charcas”, provincia de Santiago, así como los actos de asesinatos íntimos, de los que se han producido 7 en apenas las 2 últimas semanas, han llevado a nuestra sociedad a un estado de asombro y alarma impotente.
Frente a la situación, bien podríamos preguntarnos qué tanto hay que esperar para darnos cuenta de que estamos llegando al techo.
Frente a la grave situación actual en materia de criminalidad, en nada ayudan las periódicas declaraciones de nuestro Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, o de otros funcionarios, en el sentido de que las estadísticas oficiales hablan de una declinación de los feminicidios.
Pienso que este y otros fenómenos (registrados o no) no podrán declinar de manera sostenida mientras lo prioritario sea lo punitivo y represivo, y no el ataque a sus causas profundas.
La violación de niñas y su asesinato, por parte de menores y adultos, y los feminicidios, son actos que encuentran explicación en una multiplicidad de causas: extrema limitación del Estado social, gran desestruturación familiar, irresponsabilidad paterna, cultura machista, educación formal de muy baja calidad, desregulación publicitaria, fuerte exclusión de los menores de los estratos sociales empobrecidos, patologías personales, consumo de alcohol y de drogas prohibidas, etc. Como tal, ese enfrentamiento requiere una mirada y un abordaje integral e interdisciplinario.
Demanda el análisis de causas, para desde su conocimiento emprender acciones concertadas, simultáneas y decididas. Dentro de esta tesitura se debería declarar el combate de estos males como un objetivo de emergencia, así como concebir y aplicar políticas públicas destinadas a servir a ese objetivo.
Respecto a las violaciones y asesinatos, por parte de menores, diversas opiniones dan su visto bueno a la elevación de las penas como forma de disuadir a los menores de este abominable comportamiento.
Esta propuesta, aparentemente razonable, no se justifica si con ella se busca eludir el tratamiento de las condiciones sociales que confluyen en la determinación de la conducta de dichos menores.
Sostener esta propuesta puede resultar de una confusión entre los que son efectos y las que son causas.
No se trata de promover impunidades, se trata de hacer ver que centrarse en el endurecimiento de las penas es perder la oportunidad de establecer que el compromiso social del Estado es un aspecto esencial para la eliminación o reducción de la práctica delincuencial por parte de menores.
Una propuesta como la señalada puede ser debatida; lo que no amerita discusión es la necesidad que siente el país de que cesen ya las violaciones sexuales, los asesinatos y los feminicidios.
