Jesús Díaz
En el fragor del proceso de las elecciones pasadas a nivel municipal se realizaron muchas denuncias de actos de corrupción y malversación de fondos de diferentes cabildos a nivel nacional y como estos manejaban los recursos de los municipios como fincas privadas, en perjuicio de los munícipes y el erario público.
El proceso pasó y el cambio se dio en muchos municipios del país y hasta el momento aquellas denuncias al parecer solo fueron temas de campaña, pues hasta ahora ningún cabildo ha denunciado y sometido a la justicia algún funcionario de gestiones pasadas al frente de esas alcaldías.
Las denuncias de una serie de irregularidades de contratos y de obras sin aplicar los debidos procesos se denunciaron como maniobras irregulares perpetradas en el llamado cuarto poder del Estado.
Aquellas palabras no pueden quedar en el papel y los anales de la historia, propicia es la ocasión para que la justicia independiente sea apoderada de esos casos que en el tiempo y por nuestra propia cultura política suelen desvanecerse.
Casos como el ex alcalde de Puerto Plata Walter Musa, requiere de una investigación profunda por la adquisición de un terreno sin hacer vista pública, sin deslindar, sin consultar al sector turístico ni a los ciudadanos, y sin hacer ningún estudio de impacto ambiental. Y sin licitación para la construcción del vertedero de esa ciudad.
De la misma forma queda pendiente las acusaciones al exalcalde de Santo Domingo Este, Alfredo Martínez el “Cañero’’ “por manejar contratos, en contra de la ley, sin ser vistos y aprobados por el concejo de regidores, además de haber realizado compromisos contractuales con la recogida de basura más allá de su gestión’’, que terminó en el 2020.
La semana pasada la prensa nacional destacó una auditoría de la Cámara de Cuentas hecha a la primera gestión del alcalde de Santiago, Abel Atahualpa Martínez Durán, que revela que se cometieron irregularidades que van desde emitir cheques a personas que jamás los recibieron hasta una diferencia de RD$ 67 millones entre las nóminas, lo registrado y la ejecución presupuestaria. En los periodos 2016, 2017 y 2018.
A las nuevas autoridades municipales, dentro de su ejercicio no solo están conducir los ayuntamientos, sino también velar por los recursos públicos en función de los intereses de la ciudadanía; queda pues esperar las auditorías y los responsables donde hubo desfalco.
