Patricia Arache.
Cuando el primero de septiembre pasado, el Gobierno dominicano, a través de su canciller, Roberto Álvarez, solicitó a las autoridades haitianas que detuvieran la construcción del canal que pretende inducir aguas de nuestro río Masacre o Dajabón hacia la vecina nación, había tiempo de impedir la crisis.
No era la primera vez que las autoridades dominicanas llamaban la atención a sus homólogas haitianas, desde que fue detectada la inconsulta construcción, que inició en el 2018 y que, además, violenta procesos de entendimiento adoptados en períodos históricos anteriores, pero con igual o mayor vigencia ahora, que entonces.
En aquel momento, bajo el reclamo dominicano, los autores de la inapropiada acción dijeron que accederían a regañadientes a suspender la construcción y el propio Ministerio de Relaciones Exteriores de Haití tomó cartas en el asunto.
Todavía Haití contaba con algo de autoridad, que resultó perdida por completo el 7 de julio de ese mismo año 2021, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse
La reacción oficial evitó que la situación se tornara tan explosiva como ahora, en la que envalentonados y apoyados grupos armados, anárquicos, así como politiqueros dispuestos a subirse en cualquier ola para encontrar la visibilidad que nunca han logrado por la ausencia de propuestas, actúan como “chivos sin ley”.
Justo son esas las circunstancias que se han advertido sobre Haití y su situación sociopolítica y económica, ante la cual los organismos internacionales y los gobiernos del mundo parecen hacerse de la vista gorda: allí no hay interlocutores y, siendo así, la cosa se complica, porque se dificulta, o se imposibilita el diálogo entre las partes.
El canciller de República Dominicana, Roberto Álvarez, ha planteado que la construcción del canal viola el Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929, el Acuerdo Fronterizo de 1935 y el Protocolo de Revisión de Frontera de 1936.
Estaría violando también un acuerdo binacional que habría sido suscrito, en el 1979, por el gobierno del fenecido presidente Antonio Guzmán Fernández, y el gobernante haitiano, Jean Claude Duvalier, por las continuas disputas entre agricultores, en torno al río Dajabón o Masacre.
En verdad, que la situación está difícil, por las falencias institucionales que sacuden a la República de Haití, las que, sumadas a la prolongada crisis económica, social y política, convierten a esa nación en un “barril de pólvora” y a República Dominicana, a nosotros que somos sus vecinos, en las primeras y más perjudicadas víctimas de la explosión.
Alguien tenía que hacer algo y lo está haciendo el presidente Luis Abinader Corona. Ojalá que encuentre el apoyo que sigue buscando entre la comunidad internacional, que se mantiene tonta, sorda, ciega y muda ante la infausta realidad haitiana.
Es una situación penosa que lacera la sensibilidad de cualquier humano, por lo cual, hay que actuar con toda la prudencia posible para no dejar en el abandono total y definitivo a los hijos de la patria de Toussaint Louverture, pero, sin que el sentimiento de solidaridad propicie el desconocimiento de los límites entre República Dominicana y Haití, que deben ser “definitivos, inamovibles e innegociables”.
