Cuando una compañera de maestría me mostró la noticia: “Pleno JCE decide a unanimidad sobre elección de senadores y diputados”, tenía casi terminado mi escrito de esta semana, titulado: “El voto de arrastre: una rastrería”.
Debo confesar que no quise creerlo, me pareció una de esas “fake news”. No podía ser cierta una decisión tan disparatada… Pero finalmente lo verifiqué en el Twitter de la Junta Central Electoral.
Mantener el arrastre era una rastraría, pero más rastrería fue lo que hicieron: reconocer que la Ley 15-19 establece separación de boletas entre senadores y diputados, PERO dejando el arrastre en algunas provincias. Julio César Castaños Guzmán hizo suyo el lema “hacer lo que nunca se había hecho”: aplicar la ley de una manera aquí y de otra allí.
Esa resolución constituye un adefesio jurídico, una aberración institucional, una muestra tangible del servilismo. Con ella pretenden beneficiar senadores como Cristina Lizardo y Reinaldo Pared, que sin el voto de arrastre no ganan ni una regiduría.
Lo peligroso no es la resolución en sí, que será atacada por todas las vías; y que si la JCE no corrige por las buenas, igual la tendrá que corregir.
Lo alarmante es el poco pudor y la falta de seriedad de quienes tomaron esa decisión.
Si bien la JCE no decide quién gana las elecciones, porque quien decide es el pueblo (al menos en teoría), esta funge como árbitro, garante de la decisión de los ciudadanos.
Pero el requisito principal de cualquier árbitro es la imparcialidad, y los “honorables” miembros de ese órgano electoral acaban de demostrar que andan muy lejos de ahí.
Aquello de llamar “ungido” a Danilo se lo dejamos pasar a Castaños Guzmán, pero lo mucho hasta Dios lo ve.
El lema de la JCE es “garantía de identidad y democracia”… Hay que ver si al menos siguen garantizando la identidad.
Pero la garantía de la democracia, por lo visto, estará en las manos de los dominicanos y en lo que con ellas empuñemos.
Que no pidan respeto quienes no se respetan a sí mismos.
