Carlos Eduardo Tavárez Guerrero
Cuando las medidas extremas se convierten en rutinarias dejan de surtir sus efectos. Ordenar una investigación judicial en cada caso de escándalo no ha tenido el resultado esperado. Convocar a una cumbre de jueces, tampoco. ¿Es que no se ha dado en la diana del problema judicial? ¿Es que la diana ya no existe porque ahora es el todo?
Los problemas judiciales son el día a día de las noticias locales e internacionales. La corrupción ha permeado de una forma tal las médulas del «poder» que en la actualidad es alto preocupante para los Gobiernos ese mal social.
Lo cierto es que el Poder Judicial forma parte del «control» de un Estado, y el pueblo está harto de investigaciones de jueces y fiscales corruptos conforme lo evidencian los recientes precedentes de la historia judicial dominicana. Máxime cuando los controles constitucionales, legales y éticos establecidos como muro de contención contra esas desviaciones y despropósitos judiciales no están funcionando.
Somos un país económicamente pobre, pero con instituciones de garantías de los derechos fundamentales al más alto nivel, en consonancia con otros países que su desarrollo socio-económico permite tales privilegios. Es decir, un Defensor del Pueblo, un Tribunal Constitucional, un Tribunal Superior Electoral, servicio de Defensa Pública, asistencia legal gratuita para la asistencia de las víctimas, permanencia diplomática en casi todo el mundo, un Ministerio de Cultura, de la Juventud, de la Mujer, de Deportes, de Medio Ambiente y de Minas.
Las garantías fundamentales permiten alcanzar la protección de la dignidad humana y los derechos que les son inherentes al dominicano. Ahora bien, esa negación de valores, deberes y derechos mueve constantemente a preocupación cuando es realizada por aquellos que forman parte del sistema judicial con hechos que riñen con la ley y con su conducta como magistrados.
¡Las instituciones son y serán el resultado de servidores públicos probos y capaces!
